El 29 de noviembre de 2006, un hombre y una mujer se clavaron las manos en el tronco de un árbol situado en las puertas de la sede del Ministerio de Hábitat, en la urbanización El Rosal de la ciudad de Caracas. Pocos minutos antes, diez personas del mismo grupo se habían cortado los brazos con hojillas, cumpliendo así con la promesa de hacer una «huelga de sangre» si sus demandas de vivienda no eran satisfechas. Habían prometido hacerlo cuando comenzaron una huelga de hambre dos semanas antes. Los huelguistas de sangre hacían parte de un grupo de sesenta y siete damnificados que vivían día y noche frente a la institución del gobierno. Los bomberos respondieron a una llamada hecha por los transeúntes, pero los heridos y la pareja de crucificados se negaban a abandonar el sitio sin antes hablar con un representante del ministerio. Pasaron más de una hora clavados, sangrado, gimiendo, mientras eran fotografiados por periodistas, sin recibir la visita de un representante del ministerio: Al parecer, la única funcionaria que hizo acto de presencia durante los sucesos fue la viceministra de Planificación del Ministerio de la Vivienda, Edith Gómez, quien tuvo que ser custodiada por un contingente de guardias nacionales, ante los reclamos airados de los damnificados.
Indicó que muchas de las denuncias realizadas por los manifestantes no son ciertas. «Hemos observado que hay documentación falsa, se han falsificado los certificados de riesgo, y muchas de las viviendas que ellos quieren comprar prácticamente también son ranchos»<sup class="fn-ref"><a href="../notas/notas.html#fn-95" id="ref-95">95</a></sup>.
La funcionaria señala también en sus declaraciones que lo que pasa es que: «la mayoría de los que manifiestan es que creen que el presidente Chávez va a perder las próximas elecciones, y piensan que luego no se les va a dar atención a su solicitud. Eso no es así, el Presidente va a ganar y vamos a atenderlos a todos». Cuatro días después tuvieron lugar las elecciones en donde el candidato-presidente fue reelecto con 61 por ciento. El acto extremo de la crucifixión se diluyó en medio de la información mediática del escrutinio en el que, por primera vez desde el año 2000 el presidente Hugo Chávez tenía un contrincante de oposición, Manuel Rosales, quien movilizó a un 37 por ciento del electorado.
La cacofonía entre funcionarios y damnificados que domina la trágica escena abre la puerta de este final que sólo pretende mostrar algunas de las ambivalencias y ambigüedades morales del nuevo orden social bolivariano. Por un lado, los damnificados realizan una puesta en escena, una exposición radical de dolor y de sufrimiento real y extremo como último recurso para mostrar hasta qué punto eran ignorados por una institución. En efecto, la fila de espera para introducir un documento en un expediente de solicitud de vivienda podía durar una semana, lo que implicaba vivir y dormir en la calle y todo lo que ello conlleva: comer, hacer necesidades y cobijarse con cartones y telas en las noches. Por otro lado, el ministerio responde con una actitud de distancia institucional, exponiendo dudas sobre de la veracidad de la condición de aquellos que solicitaban una vivienda. A ello se agrega el hecho de que el número de damnificados no había cesado de aumentar en los últimos cinco años, ya que a partir de diciembre de 1999 se intensificaron las lluvias en el país, en particular las de 2005 fueron particularmente torrenciales, aunado a la fragilidad de los suelos y al déficit nacional de vivienda.
Crucificándose, los damnificados lanzan un llamado radical a los sentimientos infligiéndose y exhibiendo heridas dolorosas y mostrar así su impotencia e indignación al ser considerados como deshonestos. Es un acto en el cual la sangre y el dolor son la prueba de la honestidad. Mientras que el funcionariado esgrime argumentos propios de un discurso más tecnocrático que emocional, indicando así su rechazo a dejarse manipular e insinuando que las demandas son sospechosas por las trampas y engaños que la institución ha detectado entre los que demandan viviendas.
Cuando el Ministerio de Hábitat les exige a los damnificados probar la autenticidad de su estatuto, se desencadena un conflicto con la lógica que rigió la política de dignificación en sus principios.
Los organismos encargados de la política de vivienda cinco años después de la catástrofe pretendían poner en marcha una política de asistencia diferente a la prometida, distante y tecnocrática, basada en una relación distinta a la prometida entre gobernantes y gobernados. Como en muchos otros casos, los límites de la retórica de la Revolución bolivariana se encuentran en el desempeño de sus propias instituciones. Así, los funcionarios que declaran en nombre del ministerio no hacen ninguna alusión al contexto de la espera. No hay alusión a lo que los damnificados –honestos o tramposos– viven y padecen en la acera, sino que se esconden detrás de la burocracia y de la polarización política. Y es que en las filas de espera de la burocracia venezolana reina una atmósfera muy particular en la que el tiempo está suspendido, en la que no hay códigos. En las del FUS en la torre Oeste de Parque Central era patente la incomodidad que generaba una masa de gente que estaba allí porque afuera se les había ofrecido algo. Me explico: los damnificados no existirían sin institución que los hace existir, que los reconoció como tales. Pero una vez anunciado y prometido, el dispositivo no funciona, y no se sabe qué hacer con aquellos que esperan.
La crucifixión es también una muestra de la incorporación –en el sentido de expresión carnal, de encarnación– que aparece en el nuevo repertorio de las acciones y movilizaciones colectivas (protestas y manifestaciones) en la Venezuela contemporánea. Sostengo que en estas acciones colectivas hay un llamado, una puesta en escena, de la dimensión teológico-política de la Revolución bolivariana. Clavarse las manos en un tronco es una manera de reclamar por una promesa no cumplida. Tal acción muestra la existencia de un vínculo político tan inédito como inexplorado en la vida política nacional. Mostrar que se es capaz de llegar hasta los límites mismos del cuerpo y del sufrimiento para mostrar que se es digno de la atención del gobernante soberano.
En diciembre de 1999, la conflagración de la catástrofe marcó la nación justo en el momento en que un nuevo proyecto se esforzaba por crear un nuevo punto de partida en la historia. La coincidencia de esos dos eventos ha sido el hilo conductor de estas reflexiones, porque, como lo muestra Marshall Sahlins (1989: 14) «un acontecimiento es tal cuando es interpretado» y la simultaneidad entre uno «natural» y de otro «político» –refundación nacional y catástrofe– constituyen los elementos organizadores del sentido de la experiencia de la dignificación. Hilo conductor que he declinado mostrando, por una parte el significado del uso de la dignidad como categoría moral que articuló la acción gubernamental y, por otra, el sentido particular de la militarización bolivariana, configuración sin duda novedosa en un país cuya historia ha sido ciertamente marcada por muchas manifestaciones de militarismo.
La gestión de los damnificados de la Tragedia de diciembre de 1999 significó el desarrollo de una biopolítica, concepto que remite aquí al sentido más clásico propuesto por Michel Foucault en el primer tomo de la Historia de la sexualidad, cuando hace mención de la puesta en práctica de la intervención de controles de regulación de la población, en este caso, su relocalización espacial (1976: 179). Una biopolítica, es decir, una tecnología estatal de gestión y control de una población que estuvo además basada, por una parte, en una concepción obsoleta de la ocupación poblacional del territorio nacional y, por otra, en la exacerbación del militarismo. Biopolítica también por la aparición de una serie de dispositivos de control de una población que se expresan desde el nivel micro hasta el nivel macro, tanto en el espacio privado como en el espacio público. La evacuación forzada de los barrios populares «a riesgo» fue una disposición gubernamental sesgada por una concepción de la ocupación del territorio nacional que privilegia el retorno de las poblaciones desfavorecidas a las regiones menos pobladas del territorio. Y con respecto a lo microsocial, pensemos en las disposiciones concernientes a la organización de la vida cotidiana en los refugios, la configuración familiar de preferencia nuclear para acceder a una casa, en la intromisión permanente en todo lo concerniente a la posibilidad de una escogencia del lugar para vivir. En cuanto al nivel macro, la dignificación fue una biopolítica que se expresó en la voluntad gubernamental de desarrollar un savoir faire en lo relativo al control de la dinámica de flujos de población, porque la relocalización fue un flojo migratorio que supuso una fuerte intervención y regulación por parte del Estado.
La representación negativa de la migración rural-urbana está profundamente anclada en la conciencia nacional venezolana, los cual es particularmente problemático en un país cuya población urbana alcanza el 86 por ciento. Es cierto que la migración del campo a la ciudad que tuvo lugar durante gran parte del siglo XX fue un proceso violento, característica que ha sido mejor plasmada por la literatura que por las ciencias sociales. Es quizás País portátil, de Adriano González León, la novela que ofrece las imágenes más ricas de las violencias históricas de ese proceso migratorio, en un país dividido entre un campo que, aunque bárbaro y rural, es imaginado como puro mientras que Caracas se presenta como «trepidante, congestionada y hedionda», como señala Juan Liscano en su reseña de la novela (1973: 129). Esta representación desdoblada se inscribe además en la temporalidad de lo provisorio, de lo no duradero, como bien lo señaló José Ignacio Cabrujas, propia de la economía minera y del capitalismo rentístico. La urbanización del país nunca fue tomada en serio, sino que sin mayor problema fue entendida como una reacción temporal y efímera. El individuo urbano fue muy rápidamente catalogado por los diferentes saberes (científicos, culturales, políticos, etcétera) de desarraigado, y ello a la larga se tradujo en la validación arbitraria y apurada de la tesis de un reequilibrio territorial necesario.
Siguiendo este esquema de análisis de las representaciones sociales dominantes del país, los organismos encargados de la dignificación le confirieron un sentido particular a la gestión de lo que debería ser «la nueva vida» de los afectados por la Tragedia a partir de una disposición que es a todas luces biopolítica. Los damnificados volverían a ser dignos una vez que se trasladaran, una vez que volvieran a las zonas rurales, porque se les identificaba con los descendientes de aquellos que habían migrado a comienzos durante los primeros setenta años del siglo XX. El Ministerio de Planificación y Desarrollo, Cordiplan, estuvo a la cabeza en las iniciativas de despoblar el eje metropolitano costero y trasladar a la población hacia el sur del país, visión que corresponde a fin de cuentas a tantas otras en América Latina, en la que se les asigna por defecto un rol específico a los «sectores populares» en el desarrollo de las naciones. Lo que ha sido demostrado entonces es que la relocalización de la población que diseñó el gobierno bolivariano fue una empresa incierta en términos de gouvernance y no pudo realizarse sino por la coacción y la sujeción.
Hubo además una paradoja fundamental en la gubernamentalidad, retomando de nuevo a Michel Foucault (1989), especialmente dirigida a los damnificados, que se cristalizó en el confinamiento: los ciudadanos fueron definidos como damnificados o como dignificados según la relación que se establecía durante el trámite de obtención de la vivienda. Pero, para acceder a ese estatuto, la familia tenía que ser –o presentarse como– nuclear ante las instituciones. Fue así como fueron poco a poco relegadas y confinadas en los refugios las familias monoparentales, en particular mujeres solas con niños pequeños.
La crucifixión y la huelga de sangre en las puertas del Ministerio de Hábitat y de Fondur a pocos días de las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 constituye la manifestación extrema y virulenta de una crisis simbólica que toca el sentido profundo de las adhesiones, de la pertenencia, de la inclusión o de la exclusión del nuevo orden y político y social proclamado y prometido por la Revolución bolivariana en Venezuela. Los conflictos desencadenados entre funcionarios y ciudadanos por condenar o defender al gobierno no se anclan en un malentendido entre gobernados y gobernantes, pensando siempre en Jacques Rancière, sino que muestran aquello que la catástrofe puso en juego: la democracia.