El análisis de la violencia social poscatástrofe muestra dos cosas. La primera es que, tanto el saqueo como la represión desmesurada se vuelven socialmente aceptables en este desdoblamiento moralmente ambiguo que disculpa instantánea e indistintamente los diversos niveles de criminalidad. En la retórica gubernamental y en los discursos de los actores se conjugan las figuras de un «Estado ineficaz» en el control de la seguridad; de un «Estado autoritario» que abusa y no respeta al ciudadano y de un «Estado criminal», vehículo de una violencia letal y selectiva que sirve a los más oscuros intereses. La imbricación de estas figuras ilustra la complejidad de la economía moral del saqueo en la Venezuela contemporánea, de su impunidad generalizada y de su represión mortífera, y cómo se pusieron duramente a prueba a la sociedad y al estado de derecho al momento de la Tragedia.

La segunda es que la desestabilización momentánea del régimen por «el asunto de los derechos humanos en Vargas» es reveladora de los límites del tipo de vínculo que funda al régimen político bolivariano. Siempre que sean momentáneas, este tipo de rupturas del círculo de confianza que rodea y asegura al poder soberano se repiten de manera espasmódica y se acompañan de una ola de rumores de complots y conspiraciones, generando una crisis crónica de confianza. Ello explica quizás la desenfrenada rotación de los cuadros del gobierno. El antropólogo venezolano Rafael Sánchez (2006) evoca con pertinencia la paradoja subyacente al constitucionalismo radical que caracteriza al régimen del presidente Chávez, que solicita sin cesar el poder originario del pueblo soberano y que, simultáneamente, evoca el pasado para recordarnos que la base histórica de la nación es el Ejército (Sánchez, 2006: 413). La paradoja es que al exponerse a los medios y a los avatares de la esfera pública, el mundo militar, que se quiere y presenta a sí mismo como impoluto, aparece sujeto a los vaivenes de la vida de palacio, conspirativa y oportunista. Esto hace pensar que la teología política bolivariana misma, entendida como el recurso permanente al mandato divino del padre de la patria, Simón Bolívar, para justificar y legitimar las acciones de gobierno, engendra por sí sola la fragilidad del régimen. Es la teología política que lo fundamenta la que vuelve al régimen curiosamente inestable en las circunstancias mundiales de la globalización, es decir, de la circulación acelerada de capitales, imágenes e información.

Vistas así las cosas, la crisis ocasionada por la Tragedia hace replantear la cuestión del estado de excepción y de la soberanía en el marco de la teología política bolivariana. La extensión indefinida de la situación de crisis es en efecto una de las características de la excepción como paradigma de gobierno (Agamben, 2003). Es evidente que la militarización de la sociedad bajo la revolución bolivariana se desmarca sustancialmente de las dictaduras del sur del continente, en donde la presencia militar obedecía a un procedimiento normal de gobiernos tutelados por las Fuerzas Armadas que precedían al estado de sitio para controlar la amenaza insurreccional y ejercer la represión política que corresponden a la puesta en práctica de la llamada «doctrina de seguridad y defensa». Algunos ideólogos del régimen liderado por Hugo Chávez (Díaz Ferrer, 2005: 117) exponen los designios de la militarización de la sociedad en tiempos bolivarianos inscribiéndola en un «nuevo contrato social que se funda en la unidad cívico-militar». Llama entonces la atención cómo la retórica oficial se apropió de manera fértil de la emergencia causada por la Tragedia para probar las bondades del nuevo pacto: La unidad organizativa y acción conjunta para la protección de la población y de los bienes de la nación ante la ocurrencia de catástrofes, ejemplo de lo cual fue el abnegado y heroico esfuerzo de militares y civiles ante el dramático deslave en el estado Vargas en diciembre de 1999, salvó innumerables vidas ante tan gigantesca catástrofe. (Díaz Ferrer, 2005: 118).

Por su parte, la ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio, trataba en 2004 la cuestión de la alianza cívico-militar como elemento fundamental de la revolución, y para hacerlo, evocaba también la Tragedia: Al momento de aprobar la nueva Constitución en diciembre de 1999 se desató el desastre del edo. Vargas. Más de 20.000 muertos y la necesidad de atender a decenas de miles de refugiados y su reubicación en diversas regiones del país. Esto supuso una gran tragedia y al mismo tiempo una gran exigencia económica no prevista; pero al mismo tiempo fue una gran oportunidad para la acción conjunta del pueblo y la Fuerza Armada. El presidente Chávez como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada las asoció a programas urgentes que permitieran avanzar en el pago de la deuda social con la población, atención a la salud, mejorar la infraestructura rural, la vivienda urbana, el transporte aéreo a regiones remotas incomunicadas en el país, lo que permitió un fortalecimiento de la relación cívico militar, implicó a las Fuerzas Armadas en una labor social, lo que corresponde a una nueva visión de la seguridad nacional, que no está reducida al uso de las armas, o para proteger las fronteras, sino que implica la seguridad integral del pueblo. (Osorio, 2004).

Dos elementos retóricos del discurso oficial apuntan a la extensión del papel de las Fuerzas Armadas más allá de la emergencia. El primero es la «nueva visión de la seguridad nacional» para denominar la política social que ejecutaran las Fuerzas Armadas. En esta fórmula el combate no es contra la insurrección sino contra la exclusión, y la tarea es el «pago de la deuda social»<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-34" id="ref-34">34</a></sup>.

La segunda es la justificación de la permanencia de los militares fuera de los cuarteles, a largo plazo. De una militarización coyuntural se pasa a una estructural. Para los militares, atender a los civiles –damnificados o pobres– ya no se trata de una «operación especial» sino de rutina. Se mantiene así el «efecto de oferta propio de la acción humanitaria» en el que la presencia de lo especial y de lo extraordinario justifica de manera permanente el despliegue de programas de excepción para atacar los problemas urgentes. Muchos aspectos de esta manera de funcionar, de esta lógica política de la emergencia, no son exclusivos de la militarización venezolana, sino que son la base, como lo demuestra Mariella Pandolfi (2002) en el caso de Kosovo, del funcionamiento de las ONG humanitarias transnacionales. Subrayemos por ahora que, en el caso venezolano, la identificación de la «unidad cívico-militar» bolivariana con los íconos de la acción humanitaria constituye una operación más que provechosa para que los portavoces del gobierno expliquen los principios de su doctrina y que este empeño, políticamente hablando, no es casual ni inocente.

El drama social contemporáneo venezolano nos lleva a preguntarnos sobre las figuras extremas y opuestas presentes en las representaciones sociales de la Tragedia que aparecen sistemáticamente durante toda una década marcada por una profunda polarización política. La catástrofe y la violencia colectiva por un lado y la reconstrucción y el nacimiento de una nueva nación por el otro son la fuente de metáforas e imágenes poderosas que aparecerán y reaparecerán a lo largo de diez años, y que crean y recrean el acontecer nacional desde la emoción, el sufrimiento y la esperanza de redención.

La teatralización de la política, entendiendo por ella una puesta en escena, una estructuración temporal marcada por lo inmediato y una reorganización de los símbolos de la nación, apunta a la creación de sentido en la interacción de los actores sociales y políticos, tanto en los discursos como en las prácticas. Dicha creación de sentido está atravesada por una fuerte tensión dada por la presencia inconciliable de las diversas figuras que representan a los actores sociales y que moralmente son tan puras como opuestas y marcan la teología política bolivariana: las víctimas y los victimarios, los culpables y los inocentes, los arrepentidos y los perversos, y que marcan también el acontecer diario de la nación venezolana desde 1998.

Si ponemos la mirada en los damnificados de la Tragedia, en la experiencia que vivieron como asistidos después de la emergencia, nos encontramos con que la militarización compasiva fue la res puesta particular de indemnización que el Estado venezolano ideó y que a la vez sentó las bases de la normalización institucional de la precariedad, la discriminación y el olvido.