En capítulos anteriores había mencionado someramente la presencia de programas de apoyo psicosocial vigentes en los refugios. Quisiera examinarlos ahora bajo una perspectiva crítica de la «victimología» afianzada por la psiquiatría humanitaria.

La categoría de víctima se impone en el mundo contemporáneo como uno de los principales referentes de la vida social. Investigaciones recientes muestran cómo la traducción de acontecimientos políticos y sociales en el registro del traumatismo psíquico ha conducido progresivamente a la abstracción de otras dimensiones de la vida social: desigualdades económicas y sociales, descalificación social y relegación territorial. El traumatismo psíquico, categoría de la nosografía psiquiátrica, se convierte así en la piedra angular de los programas sociales destinados a atender a las víctimas de catástrofes, guerras, desplazamientos forzados de población, lo cual implica una cierta medicalización que da lugar al reconocimiento de la persona, del beneficiario en un función de las huellas que ha dejado el acontecimiento traumático en su cuerpo y en su mente.

El propósito de los programas de ayuda psicosocial es asumido como obvio en los discursos mediáticos que circulan los contextos en que se producen las intervenciones humanitarias<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-71" id="ref-71">71</a></sup>. Se ha convertido en algo ya banal que profesionales, psicólogos y psiquiatras sean solicitados y contratados para curar las «heridas psíquicas de las víctimas» que hayan vivido situaciones de crisis extremas. El sufrimiento de poblaciones enteras confrontadas a lo extremo se ha convertido en un campo profesional para las sociedades contemporáneas, confrontadas por una parte a la globalización y a la circulación de flujos, saberes e imágenes y, por otro lado, a las situaciones extremas transnacionales (guerras y catástrofes que engendran desplazamientos masivos de población). En el trabajo humanitario internacional, el sufrimiento de las víctimas es a la vez el origen y la justificación de programas y proyectos de intervención social. Lejos está de mi intención cuestionar la importancia de la ayuda psicológica y polemizar sobre los principios subyacentes a este tipo de intervenciones. Lo que sí me parece interesante es examinar los dilemas y las ambigüedades que pude observar en los «programas de ayuda psicosocial» puestos en marcha a raíz de la Tragedia en los refugios que visité. Se trata entonces de mostrar cómo al estar confrontados a desafíos que corresponden más a los avatares de la política social nacional que a los de una intervención técnica para atender una emergencia, se engendraban paradojas y ambigüedades en el desarrollo de las acciones que terminaban por normalizar una situación que (al –y en– principio) era anormal.

En los refugios pude observar el trabajo de los psicólogos que desarrollaban el programa de apoyo psicosocial en los refugios y posteriormente entrevistar a los directores de los programas en las oficinas de las instituciones rectoras de dichas iniciativas. Se apoyaban básicamente en dos materiales institucionales, producidos por la Cruz Roja y el Unicef: el manual de formación de los psicólogos de la Cruz Roja de Martín Beristain (2000), Ayuda psicosocial en las catástrofes colectivas, y para formar a sus voluntarios Unicef utiliza la metodología dirigida específicamente a la infancia titulada El retorno de la alegría, concebida por una consultora de la oficina de la organización en Bogotá, Nidia Quiroz. Unicef desarrolló dicho programa en los refugios instalados en los cinco batallones de Fuerte Tiuna entre enero y julio del año 2000. Los dos dispositivos se autodenominan de atención primaria en salud mental. El punto de partida de la aplicación de las metodologías es «el diagnóstico de las perturbaciones de comportamiento de los niños del refugio para prepararlos al desafío que significa reconstruir sus vidas» (Unicef, 2000: 6).

El presupuesto subyacente es que las personas están psíquicamente afectadas por la catástrofe y que «presentan o deberían presentar síntomas del síndrome de estrés postraumático» (Martín Beristain, 2000: 26-33). En teoría, los niños traumatizados deberían presentar síntomas tales como: Pesadillas; enuresis; ansiedad; miedos y fobias; agresividad y problemas de disciplina; depresión, tristeza y nostalgia; malos resultados en la escuela; enfermedades y dolores psicosomáticos; falta de concentración e hiperactividad; dependencia exagerada de los adultos; comportamientos agresivos y pérdida de nuevas aptitudes. (Quiroz, 1999).

Había sin embargo un desfase importante al comparar los informes de terreno que daban cuenta de la «situación emocional de las personas» con la preconización de los manuales. En el informe de Unicef, el consultor se siente desorientado por no haber encontrado la situación emocional descrita en el manual sino un desbarajuste social vinculado al desempleo que predominaba en los jefes de las familias (Unicef, 2000: 32) que les impedía retomar rutinas y organizar la vida cotidiana, es decir, volver a la normalidad.

Diseñados para intervenir y acompañar la reconstrucción de la vida de las víctimas, los programas de ayuda psicosocial se habían convertido, cinco meses después de la catástrofe, cuando ya se había enfriado la emoción compasiva hacia las víctimas, en una manera muy particular de «conducir las conductas» (Rose, 1996: 11) de los damnificados. ¿Cuál es la lógica que presidía el paso de una experticia psicológica sobre el sufrimiento psíquico causado por los efectos de una catástrofe al ejercicio de una práctica cotidiana de ayuda psicosocial que tiene además como trasfondo la dignificación? El trasfondo de esa transfiguración tiene que ver entonces con la ambivalencia de toda «retórica de los valores morales» (Shore, 1990), es decir, la dificultad de los actores a evaluar lo comportamientos de aquellos que de antemano son percibidos por las instituciones como pertenecientes a un mundo social diferente, como es el caso de los habitantes de los barrios pobres urbanos.

Aunque el discurso que acompañaba el quehacer cotidiano de los psicólogos y trabajadores sociales estaba ciertamente fundado en una cierta experticia de acompañar el trauma pero también eran el vehículo de una visión prejuiciada sobre la condición social de las víctimas, prejuicio que se afianzaba en una preconcepción de lo que es la vida, el mundo social de los sectores populares.

Por una parte, los funcionarios del FUS hacían referencia a la vida de los damnificados «antes de la Tragedia» para decir que las familias reproducían lo que «eran antes» y que por esa razón nunca saldrían adelante a pesar de la ayuda del Estado. La argumentación sostiene que los damnificados pobres son portadores de una «subcultura» que explica su situación. Por otra parte, dado que el cese de la distribución de ayuda era inminente, los funcionarios del FUS y los benévolos que participaban en los llamados «programas de apoyo psicosocial» esgrimían que aceptar el fin de la asistencia era una «actitud positiva de aceptación de la adversidad». La ayuda psicosocial era así curiosamente desnaturalizada y había pasado de ser un apoyo para «superar el trauma», realizar el duelo y reconstruir la vida después de la pérdida, a ser una especie de coartada institucional, de justificación oficial para que los damnificados del refugio vieran «de manera positiva» el final de la distribución de ayuda alimentaria y eventualmente de la asistencia.

Los psicólogos que desarrollaban los programas de ayuda en los refugios se encontraban confrontados a un dilema en relación con la disminución de la distribución de ayuda alimentaria. Los racionamientos de comida y los envíos impuntuales generaban angustia en los ocupantes del refugio que agredían a los responsables y los hacían responsables de la situación. Una psicóloga de la Cruz Roja me confesaba descorazonada en un refugio situado en un barrio popular: Yo creo que esta gente no está motivada a encontrar soluciones a su situación. Tienen la tendencia a hacernos responsables de todo a nosotros. Aquí los que están deprimidos son los responsables del refugio porque están sobrecargados y no pueden encontrarle solución a todo. Yo pienso que debemos hacer que los aquí viven sean responsables de su situación porque nosotros no podemos asumir esto solas. (Cristina, junio de 2000).

La psicóloga se encontraba además descorazonada con respecto a las actividades terapéuticas que había planificado porque los damnificados no querían volver a hablar de la catástrofe ni evocarla de ninguna manera. La psicóloga había decidido abandonar definitivamente su planificación de sesiones de apoyo psicológico.

Yo no voy a ir más nunca a esos talleres. Ya no sirve de nada seguir hablando de la Tragedia. Nosotros lo que queremos es resolver nuestros verdaderos problemas. (Gabriela, junio de 2000).

Los «verdaderos problemas» a los que hace alusión la informante son la vivienda y el empleo, percibidos por ella como los únicos medios de ser verdaderamente autónomos en relación con la ayuda del Estado. La autonomía era entonces la condición necesaria para ser respetado. La paradoja es que tanto los damnificados como los responsables del refugio estaban de acuerdo en la importancia de ser autónomo, la cuestión eran los medios para serlo. Para los damnificados, la asistencia era el cumplimiento de una promesa de dignidad, por lo tanto debía continuar hasta cuando fuera necesario. Para los responsables, para ser autónomo había que dejar de ser asistido.

Nikolas Rose (1996) ha mostrado que el saber de la psicología, en relación con el de las otras ciencias sociales, ocupa un lugar único en las sociedades democráticas liberales porque juega un rol esencial en la constitución de los sujetos y, en ciertos casos, su sujeción. Inspirándose en los trabajos de Michel Foucault sobre la «gubernamentalidad», Rose afirma que la experticia psicológica contribuye a la «conducción de las conductas», a través de la incitación a la formación de sujetosciudadanos libres y autónomos, una condición vital para las democracias liberales. Rose específica tres maneras precisas en que la experticia psicológica está vinculada al «gobierno de los individuos» en las sociedades liberales: por la racionalidad, por su acceso privilegiado al espacio privado y por su capacidad de (re)producir la autonomía de los gobernados (1996: 96). Extrapolando la reflexión de Nikolas Rose al caso venezolano, es posible entonces afirmar que, en un contexto de disminución progresiva de la ayuda humanitaria y de ausencia de instituciones sociales que aseguren una asistencia de manera eficaz y sostenida a las víctimas, la ayuda psicosocial preconiza la autosuficiencia como valor último, no porque haya un desorden psíquico, sino porque la autonomía es el medio para eliminar una asistencia inviable, ya sea por ineficacia, por corrupción o simplemente por agotamiento. La salud emocional de los individuos no sería ya cuestión de la esfera privada, del dominio personal, sino que se convierte en una especie de precepto que acompaña al buen dignificado, es decir, aquel que acepta pasivamente el fin de la distribución de la ayuda humanitaria y que está dispuesto a aceptar la oferta gubernamental de trasladarse al interior del país a las nuevas urbanizaciones.

Gabriela, por ejemplo, decía tener otras prioridades que ir a los talleres de «apoyo psicosocial».

Revisitar durante las sesiones su experiencia traumática era volver al pasado, cosa que no le interesaba, porque que ella lo que esperaba de las reuniones del FUS eran «soluciones concretas»: vivienda, empleo y sustento cotidiano para su familia. Es por eso que el ambiente era tenso al final de las reuniones que no ofrecían nada «concreto». Lo paradójico es que la propia institución que aseguraba la asistencia se había anclado en la temporalidad de lo provisorio, de la emergencia, mientras que los damnificados habían pasado ya a la búsqueda de la normalidad, del tiempo normal. Esta tensión entre la temporalidad de la acción institucional y la temporalidad de la expectativa atravesaba toda la organización de la vida cotidiana del refugio.

Pero además, los funcionarios debían hacer frente a la lentitud en la atribución de las nuevas viviendas. Ante la presión de los damnificados por tener noticias de los traslados a los «nuevos urbanismos», para emplear la jerga del FUS y de Fondur, y la incapacidad de una respuesta precisa, los funcionarios se decían sobrecargados de tensiones y estrés. La psicóloga siempre evocaba «un gran agotamiento y sobrecarga emocional en este equipo» porque no podían dar respuesta a la demanda precisa de los damnificados: el realojamiento definitivo prometido. Así, a causa de las deficiencias en la ejecución del programa de dignificación, se invertían los roles en la escena microsocial del refugio: los damnificados se volvieron exigentes, con demandas prácticas y concretas, y los funcionarios eran sus víctimas, eran los que estaban ahora en peligro emocional. Al punto de que en una de las reuniones, Ligia y Leila, las funcionarias del FUS encargadas de administrar el refugio, me decían que estaban contemplando seriamente la posibilidad de solicitar ayuda psicológica para ellas mismas para hacerle frente al día a día del refugio.

Durante una de mis conversaciones con la psicóloga, ella misma se fue dando cuenta cuando hablábamos de que no había ningún problema directamente vinculado con la catástrofe en el refugio, salvo por el hecho de que los damnificados seguían si vivienda. Había perdido sentido la intervención psicosocial, o más bien, el prefijo «psico» no tenía ya lugar, y quedaba sólo lo «social». ¿Por qué y para qué seguir proponiendo entonces dicha intervención a un público que no la necesitaba, que no la apreciaba y en cierta manera la condenaba porque consideraba que sus prioridades, en términos de ayuda, eran otras? Ante esta pregunta, que había surgido de manera brutal y evidente y que le quitaba legitimidad a su presencia en el refugio, la psicóloga decía que, de todas maneras, ella seguiría intentando ayudar a aquellos que quizás todavía tenían guardado en su interior las secuelas del acontecimiento traumático. En todo caso, ella se daba cuenta de que era la única persona en el refugio que evocaba todavía la Tragedia. Para justificar su permanencia en el establecimiento, razonaba de la siguiente manera: Todas las cosas que yo veo aquí están descritas en la bibliografía sobre el impacto de las catástrofes en la población. Yo me formé en la Cruz Roja para trabajar con jóvenes y niños en situación de desastres.

Aquí hay por lo menos treinta que deberían asistir a las sesiones, pero sólo vienen cinco o seis. Tres niñas empezaron finalmente a ir a la escuela esta semana. Durante las sesiones de trabajo, no me hablaban para nada de la Tragedia, hasta que finalmente se destaparon la semana pasada. Fue cuando estaban hablando entre ellas, mientras yo organizaba el material. Lloraron cuando recordaron cosas horribles. Hablaron finalmente de los muertos que vieron. Nunca lo habían hecho. Siempre lo hacíamos de una manera general, pero esa vez se atrevieron a mencionar a sus seres queridos, a la gente que conocían. Fíjate que yo había tratado de llegar a ese momento por otras vías cuando les hablé de la crisis, del sentido de la crisis como oportunidad, no sólo como algo malo. Pero no reaccionaron. Pero esa vez sí se dio. Bueno, ¡pero yo creo que ellos también sienten miedo por el barrio que nos rodea!

(Cristina, junio de 2000).

La psicóloga no podía sin embargo ocultar su indignación cuando dos mujeres que habitaban el refugio le preguntaban airadamente al final de una conversación: «¿Y tú qué haces para sacarnos de aquí?» Cinco meses después de la catástrofe, el apoyo psicosocial había perdido su lugar en el seno de la vida del refugio. Se había convertido en un referente vacío, en una actividad burocrática que se mencionaba en las tareas realizadas en las reuniones de evaluación, sin ninguna traducción en acciones concretas. El malestar que reinaba en el refugio ya no era ocasionado por el «trauma» sino por la disminución de la cantidad de donaciones distribuidas de comida y otras provisiones.

¡De lo que sufrimos ahora es de la reducción de los donativos! […] Ya no nos llega la cantidad de cosas que nos llegaba antes. (Delia, FUS, junio 2000).

El «antes» hace referencia a los dos primeros meses de funcionamiento del refugio, entre enero y febrero de 2000. En junio, el apremio de la falta de comida generaba conflictos cada vez más frontales entre funcionarios y damnificados. Las funcionarias manejaban, sin saberlo, el fin de la emergencia y de la ayuda humanitaria, dando paso a otra etapa, más oscura y más ambigua del proceso de «normalización» poscatástrofe. Durante una reunión informal, las responsables del refugio y la psicóloga de la Cruz Roja manifestaban su satisfacción porque habían logrado disminuir hasta suprimir definitivamente («esto ha sido poquito a poco», me decían), la distribución de harina de maíz precocida, leche en polvo y medicamentos sin que se generaran altercados con las familias beneficiarias.

Estamos contribuyendo con el fin del asistencialismo, porque ellos [los damnificados] se habían acostumbrado a eso (a recibir comida) y es nocivo.

(Reunión con Ligia, Leila, Cristina y Delia, Pinto Salinas, junio 2000).

La identificación que las funcionarias efectuaban entre damnificados –víctimas de un acontecimiento trágico– y pobres –es decir, «marginales», «dependientes», «mantenidos»– no es azarosa. El fin de la distribución de ayuda humanitaria era percibido por las funcionarias como lo que debería conducir a los damnificados a la independencia y la autonomía de víctimas que, según ellas, habían dejado de ser tales. No recibir más ayuda tenía entonces un «carácter terapéutico» para los damnificados justificando así la liberación de la obligación de procura y distribución de los bienes que circulaban todavía en distintas redes de la Cruz Roja y del FUS. Lo cual explica a su vez la paradoja del razonamiento inverso: cuando los damnificados reclamaban más ayuda y criticaban el fin de la distribución, lo que hacían eran manifestar, a los ojos de las funcionarias, un síntoma de dependencia. Así, el horizonte temporal es fundamental para entender la representación de la ayuda humanitaria: mientras más cerca se está del acontecimiento traumático, «mejor» es la ayuda. Si ésta es distribuida mucho tiempo después de haberse acabado la emergencia, supuestamente favorecerá la dependencia y la inacción de los beneficiarios. La clave es entonces la noción temporal, tan incierta y variable, que hace que la ayuda pase de ser percibida como positiva a ser nociva, como un elemento que impide el retorno a la normalidad.

Vemos entonces cómo la vida del refugio estaba pasando del estadio de la emergencia al del confinamiento de aquellos damnificados que no habían podido «resolver» su situación, es decir, al de una evacuación del espacio habitado menos espectacular, más incierta, menos heroica, más invisible a los ojos de la sociedad: la espera de la reubicación de las familias damnificadas en las nuevas viviendas construidas en el interior del país. Las responsables me explicaban con detenimiento cómo entendían el retorno a la normalidad.

La gente tiene que volver a llevar su vida como la llevaba antes [de la Tragedia]. Ya no pueden seguir esperando de nosotros ni ayuda, ni comida ni ropa.

Si se enferman, allí tienen el ambulatorio, y si no tienen dinero, no les podemos comprar los medicamentos que les prescriben, se los tienen que comprar ellos mismos. (Reunión Ligia, Leila, Cristina y Delia, FUS,Cruz Roja, Pinto Salinas, junio de 2000).

Este extracto refleja la profunda ambivalencia de lo que significaba el «retorno a la normalidad».

Por una parte, esta argumentación a favor del fin de la ayuda humanitaria oculta que en realidad, tal disminución no es otra cosa sino la traducción práctica del fin de la movilización social y política compasiva y su expresión práctica, el fin de las provisiones y, quizás sobre todo, la incapacidad de distribuirlas.

Por otra parte, atribuir la aceptación del fin de la ayuda a la cura del traumatismo psíquico ocasionado por la catástrofe naturalizaba una situación que