En los refugios militares, la aplicación de las normas se hacía de manera arbitraria. Las reglas afectaban a unos sí y a otros no, según las relaciones de interdependencia y liderazgo que se establecían entre damnificados y militares. Se había puesto en marcha una especie de sistema de privilegios, de permisos tácitos, ambiguos, implícitos que funcionaban según el criterio variable del oficial que estuviera a cargo del refugio. El acceso a la energía eléctrica dentro del galpón, por ejemplo, era una de las ventajas que los oficiales habían concedido a ciertos damnificados, permitiéndoles pasar cables para instalar televisores así como para conectar aparatos de sonido en las habitaciones.
Afines de mayo de 2000 la vida del galpón se había vuelto muy animada. Había un entrar y salir permanente de soldados y jóvenes. Los soldados compraban comida, refrescos y cigarrillos a escondidas. En horas de la tarde se escuchaba música salsa, merengue y changa a fuerte volumen que salía de los diferentes equipos de sonido que se habían instalado en las «habitaciones». El local a veces retumbaba. Uno de los centros de reunión del pabellón era la bodega atendida por Ingrid, ubicada en un sitio privilegiado, «la avenida principal del refugio», como ella llamaba al pasillo central que dividía las hileras de literas del galpón.
Ingrid había puesto un cartel con una lista de los productos que vendía «al detal»: galletas, chocolates, cigarrillos «por unidad», café en paquetes pequeños, azúcar, harina de maíz precocida, jabón, máquinas de afeitar, etcétera. Los principales clientes eran los soldados. El éxito de la bodega de Ingrid resultaba evidente, lo que la hacía una de mis informantes clave sobre la dinámica social del refugio en zona militar. Cuando le pregunté cómo había llegado al Fuerte Tiuna, me contó, rápidamente, su experiencia de la catástrofe: Me llegó el agua hasta la cintura, pero no me llevó.
Estuve horas dentro del agua y la piel casi se me pudrió. Pero me sacaron, a mí, a mi tía, nos llevaron al Poliedro, nos curaron y… ¡aquí estoy! (Entrevista con Ingrid en Fuerte Tiuna, mayo de 2000).
Ingrid vivía en la carretera vieja Caracas-La Guaira y ahora ocupaba una «habitación» en el pabellón «A» con su tía, también sobreviviente de la catástrofe. Era el único pariente que le quedaba.
Antes de la Tragedia, Ingrid había sido buhonera en el bulevar de Catia, la zona popular más vasta y poblada del oeste de Caracas. Ingrid participaba plenamente de la vida social del batallón, todos la conocían. Además, preparaba comida y la vendía.
En principio, cocinar estaba prohibido en los galpones, pero ella lo hacía con frecuencia en una hornilla eléctrica y «nunca nadie le había dicho nada». Pero una mañana noté a Ingrid taciturna.
Cuando le pregunté qué le pasaba me contó que la noche anterior el teniente coronel la había «mandado a llamar» para pedirle explicaciones sobre la preparación de comida al interior del galpón: Tú sabes que está prohibido preparar comida en las habitaciones, por lo de la seguridad; pero yo no veo nada de malo porque yo soy cuidadosa con mi hornilla, además, cocino sólo en la mañana para el almuerzo. Preparo más que todo caraotas negras y sopa. Es que la gente está cansada del rancho de los soldados. A veces la comida está insípida, a veces demasiado salada, y a veces no nos sirven (a los damnificados) sino sardinas enlatadas. (Entrevista con Ingrid en Fuerte Tiuna, mayo de 2000).
Ingrid estaba a la espera de una autorización «especial» que le permitiera cocinar. Al final la consiguió. Se puso muy feliz de poder abrir de nuevo su negocio de vender comida: «Es que el teniente es muy buena persona; él entendió que yo tengo que cocinar y sabe que yo lo hago bien».
Inicialmente, los militares temían los accidentes e incendios que placas de cocina y hornillas pudieran generar en las habitaciones, además de la sobrecarga de instalaciones eléctricas que no estaban previstas para ese uso. La prohibición de preparar alimentos durante los primeros meses de la estadía de los damnificados había cedido el paso a una consigna que se respetaba de manera errática.
Ingrid utilizaba una placa eléctrica porque había renunciado a la idea de instalar una cocinilla de gas porque no estaba segura de si la dejarían entrar al fuerte con una bombona de gas pequeña, que además resultaría muy pesada de transportar hasta el galpón. Así las cosas, gracias al permiso excepcional que le dio el teniente, Ingrid había incluso logrado que los soldados vinieran a comer sus sopas y sus caraotas, a escondidas, detrás de las cortinas de su «habitación».
Al lunes siguiente, Ingrid me esperaba con una noticia: ¿Sabes qué? Organizamos una fiesta muy bonita el sábado pasado para el teniente porque sabíamos que era su cumpleaños y que tenía guardia. Yo hice la torta. Me prestaron el horno en la cocina del comedor. Los niños le recitaron poemas. ¡El teniente estaba tan emocionado! Esa es nuestra manera de agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. (Entrevista con Ingrid en Fuerte Tiuna, mayo de 2000).
Dicho teniente se había ganado la admiración de las familias del pabellón al autorizar la preparación de alimentos y al manifestar su precoupación por las quejas de las familias sobre la calidad de la comida del comedor. Pensando en términos sociológicos, en los refugios, la comida y los alimentos ocupaban un lugar central en el «sistema de privilegios» (Goffman, 1968: 92)<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-49" id="ref-49">49</a></sup> de las relaciones que habían surgido entre damnificados y militares.
Dicho sistema, que funcionaba de manera tácita, implícita y discrecional, levantaba numerosas tensiones y generaba otras tantas contradicciones y ambigüedades. La cuestión del tipo de alimentos, su distribución y consumo –el acceso a las donaciones de comida, la conservación y la calidad de la misma– que se servía o donaba a los damnificados en el Fuerte Tiuna era quizás el tema más espinoso de la vida cotidiana del refugio.
En la entrada del comedor del batallón había un afiche que detallaba el menú de los damnificados: Desayuno: avena o bollitos [bollos de harina de maíz hervidos. El bollo es masa de maíz sancochada], con sardinas o Diablitos [jamón de cerdo molido en conserva para untar. El nombre se debe a la marca, que le da la denominación de «jamón endiablado»].
Atol de maicena.
Almuerzo: pasta con atún o con mortadela en salsa de tomate. Plátano frito o sancochado.
Cena: bollitos con salsa de atún o de mortadela.
Cuando pregunté por qué el menú que se les servía a los damnificados era diferente del menú de la tropa, los funcionarios del FUS y el médico del dispensario me dijeron que los militares habían dicho que el aporte calórico diario de la comida de los soldados no le convenía a los damnificados porque eran personas «inactivas». Uno de los tenientes me lo explicaba así: El menú de los soldados es demasiado para gente que no hace nada durante el día. Yo sé que ellos se quejan porque piensan que les damos muy poquito. Pero, usted sabe como es, no se puede complacer a todo el mundo. (Teniente coronel, Fuerte Tiuna, mayo de 2000).
En las reuniones en que participé con los funcionarios del FUS había empezado a circular una especie de discurso experto nutricional. Todos opinaban sobre la alimentación que convenía o no los damnificados como si sus necesidades alimenticias estuvieran determinadas o influenciadas por el hecho de haber quedado sin casa. La controversia sobre lo que los damnificados debían o no comer trascendió incluso a los medios de comunicación.
La doctora que trabajaba en el dispensario del refugio me explicó que la alimentación de los soldados se establece en función de una relación «hombregramos-calorías», y que esa relación estaba calculada para cubrir una actividad física elevada. Por su parte, la funcionaria del FUS me decía que habían disminuido las raciones y simplificado el menú porque al comienzo la comida de la tropa había resultado «demasiado fuerte para las familias», y que eso había originado los casos de gastroenteritis que habían afectado a los damnificados cuando estuvieron instalados en el Poliedro y los primeros días en el fuerte<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-50" id="ref-50">50</a></sup>. La funcionaria hacía referencia a una epidemia de gastroenteritis muy violenta que afectó principalmente a los niños durante los días en que las familias estuvieron hospedadas en el Poliedro, la última semana de diciembre de 1999. En efecto, la comida distribuida en el Poliedro venía del fuerte, la cercanía de los establecimientos posibilitaba la distribución de la comida ya preparada en camionetas y camiones.
Lo que pasó fue que la comida de los soldados tiene mucha grasa y los niños comieron demasiado. (Médico del dispensario, Fuerte Tiuna, mayo de 2000).
La prensa había reseñado sin embargo que en realidad la epidemia de diarrea había sido causada por una intoxicación colectiva por alimentos en mal estado. En todo caso, las razones esgrimidas por las instituciones responsables del refugio de Fuerte Tiuna para explicar el hecho de que la comida de los damnificados fuera distinta a la de los soldados eran sentidas por las familias como la justificación de una irregularidad, como una respuesta defensiva ante la acusación efectuada en diferentes denuncias de desvío de la ayuda humanitaria recibida del exterior. Según los damnificados, no se estaba recibiendo la comida que les correspondía porque los militares no la repartían. El rumor sobre contenedores y camiones extrapesados llenos de leche en polvo y de otros bienes alimenticios muy preciados por las familias de escasos recursos en Venezuela –leche condensada, charcutería, pollos, etcétera– que desaparecían misteriosamente en el fuerte, se transformó rápidamente en una especie de fantasía –o realidad– insoportable para las familias que estaban sometidas a una dieta a todas luces deficitaria y desbalanceada.
Carolina, madre dos hijos pequeños albergada en Fuerte Tiuna, expresaba así su descontento acerca del tema de la comida: Lo que pasa es que uno no puede escoger y el comandante dijo que no podía hacer nada. Lo que quisiera es poder prepararme mi comida yo, a mi gusto. Pero no nos dejan instalar cocinillas por el problema de seguridad. (Carolina, Fuerte Tiuna, mayo de 2000).
Hacia el mes de julio, los militares cedieron ante la demanda de instalar cocinas en los «apartamentos», eufemismo con que se nombraba a las literas separadas con telas y tabiques. La presión se había vuelto demasiado fuerte porque ya no se distribuían los alimentos de la ayuda humanitaria.
Las bodegas y pequeños restaurantes se consolidaron y los damnificados habían encontrado los medios para hacer llegar las bombonas de gas hasta el batallón. La situación se prolongaría hasta diciembre de 2000, fecha fijada por el presidente Chávez para evacuar definitivamente a todos los damnificados hospedados en albergues situados en zona militar.
La producción de la vida cotidiana a partir del control de la comida estaba condicionada por la temporalidad de la gestión de la población damnificada. En la emergencia, las cuestiones de calidad y de cantidad de comida ni siquiera se planteaban.
La víctima que sufre no tiene necesidad de justificar su necesidad de comer. Pero el sentido que los beneficiarios le dieron a la disminución progresiva de las donaciones de alimentos estaba inexorablemente vinculado con una dimensión política. Las expectativas que estos tenían de comer bien en el fuerte se inscribían en la promesa de la dignificación que el gobierno había formulado al anunciar los planes de asistencia. Es por ello que los responsables de la decepción que experimentaban los damnificados no podían ser otros sino los agentes intermediarios (militares y funcionarios del FUS) que estaban allí a diario, sin hacer necesariamente referencia a la nueva vida que debería comenzar una vez que las familias fueran «relocalizadas», para usar la jerga institucional. Es por eso que circulaban rumores que calificaban de incompetentes y malvados tanto a militares como a funcionarios, porque «se cogían la comida». No podía haber otra razón del incumplimiento de la dignificación efectuada por el poder soberano.
En todo caso, hablar clara y francamente en el fuerte sobre las sospechas de desviación de las donaciones de comida era muy delicado. El rumor era que «quien lo hiciera iba a ser puesto de último en las listas para la atribución de las nuevas viviendas».
Así lo expresaba José Antonio en una conversación que pudimos sostener casi a escondidas sobre ese tema (Fuerte Tiuna, 27 de mayo de 2000). Adelantar sospechas sobre la posibilidad de que la comida donada no estuviera llegando a los beneficiarios era vivido como un acto conspirativo y peligroso.
La comida era entonces el centro de un conflicto sordo, cerrado, que se jugaba a varios niveles.
Las tensiones ocasionadas por la distribución de comida después de un desastre no son exclusivas de la Tragedia venezolana. Un fenómeno parecido lo reporta K. A. Yelvington (1997) en su estudio sobre las «ciudades-carpa» (tent cities) tuteladas por militares que fueron instaladas para atender a las víctimas del huracán Andrew que afectó severamente a vastas zonas del estado de Florida, Estados Unidos, en 1992. Tener acceso a la comida repartida institucionalmente respondía muchas veces a una búsqueda de visibilidad de todos aquellos que con el tiempo se sienten injustamente relegados por los criterios –a veces tan arbitrarios como absurdos– de elegibilidad que funcionan en los programas de asistencia. El problema de los refugios militares venezolanos era el secreto con que era tratado el tema por las propias fuentes oficiales.
La aparición de contenedores llenos de alimentos donados por la cooperación internacional más de un año después de haber llegado a Puerto Cabello pareciera indicar que más que la corrupción, lo que estorbó la distribución de la ayuda fue la ineficacia, el descontrol y la irresponsabilidad de los entes encargados de hacerlo.
Los refugios instalados en las zonas militares se fueron sumiendo en una rutina que indicaba el paso siguiente del recorrido geográfico y social de los damnificados, muchos de ellos hacia la relegación y el confinamiento crónico en refugios urbanos fuera del área militar. La trayectoria oficial de las familias damnificadas trazada por el «plan de dignificación» establecía que el refugio en zona sería una estadía transitoria antes de ser reubicadas en los «nuevos urbanismos». Pero en realidad, esta estadía condensó todas las dificultades que tendría el gobierno para ejecutar la política de reparación e indemnización de las víctimas. Quisiera apuntar dos elementos que servirán de preámbulo para la lectura de la parte siguiente de este libro, el confinamiento.
El primero es que el estatuto excepcional de los damnificados en los cuarteles se volvió difuso en la que medida en que se prolongaba la estadía.
La presencia de los damnificados se fue incorporando al paisaje normal del fuerte, se fue banalizando. En términos de jerarquía, pasaron de ser huéspedes especiales a formar parte del grupo de los subordinados, como los soldados. Esta banalización del estatuto de los damnificados se refuerza además por el hecho de que el grupo estaba formado principalmente por mujeres, niños y jóvenes, lo que favorecía el ejercicio de la autoridad patriarcal por parte de los oficiales.
El segundo es que, aun cuando la disciplina militar impuesta al comienzo de la estadía en el fuerte fue amainando a medida que pasaba el tiempo, ello no significó que los damnificados se beneficiaran de una mayor autonomía. Se configuró pues una situación ambigua de normas sociales que favorecían a la vez la subyugación, la dependencia y la arbitrariedad en las acciones de la vida cotidiana.
Es por ello que para finalizar me parece pertinente la diferenciación propuesta por Michel Foucault (1994: 590) entre «poder» y «disciplina».
La disciplina, definida por Foucault como «uno de los procedimientos de las relaciones de poder» no funcionaba entre damnificados y militares. Se trataba, por el contrario, de un «relajamiento» de las normas del cuartel, que mantenía al mismo tiempo las relaciones de poder jerárquicas que lo caracterizan. El poder de tipo disciplinario, propio a las instituciones de encerramiento, no se ejercía en los refugios, al contrario de lo que pudiera esperarse. Es decir, se trataba única y exclusivamente de ejercer poder, desnudo, autoritario, no de establecer una disciplina que persiguiera ordenar la vida social del refugio. En esto consistía pues la «normalización» de los refugios en zonas militares, de una negociación entre damnificados y militares por aplicar o no ciertas normas disciplinarias inherentes a la institución militar, de una sujeción a las decisiones de las jerarquías militares, de una aplicación arbitraria de las sanciones y prerrogativas del mundo marcial a las familias en la medida en que los oficiales percibieran que la «anormalidad» de las familias ponía en peligro el orden castrense.
Sin embargo, estas líneas deben ser leídas tomando siempre en cuenta un aspecto fundamental, y que alimenta más la paradoja de estos espacios: los primeros que lamentaban el fin de la disciplina que reinaba en el fuerte militar al comienzo, eran los propios damnificados. Éstos sentían que el fin de la disciplina y el paso al ejercicio de un poder arbitrario –es decir, dejar a todos que hagan lo que quieran en la medida en que no pongan en peligro el funcionamiento de la institución militar, incluyendo dejar que los soldados se relacionen íntimamente con las familias– los hacía cada vez más vulnerables frente a ellos mismos.