Existe un vínculo, una relación fundadora entre el desplazamiento de los damnificados al interior –que aunque no se puede decir que haya sido obligado sí se puede al menos afirmar que fue impuesto por las instituciones del gobierno como única solución– y una visión geopolítica del país, una manera de concebir el desarrollo de la nación. En esa visión de país coincidieron tanto los funcionarios que ocupaban las altas esferas del poder ejecutivo, cercanos a la izquierda universitaria (pienso justamente en la manera de pensar que condensa la figura ficticia de Iván, pero también la del ministro de Planificación de la época, Jorge Giordani), como los militares más cercanos al presidente Hugo Chávez salidos de las filas del Ejército. La manera compartida por estos dos grupos de concebir el desarrollo del país hizo que la política de asistencia y de indemnización a los damnificados de la Tragedia haya seguido más bien la lógica de un cierto desarrollismo técnico y ruralista que la de una política eficaz de inclusión social. Manera de concebir las cosas que influyó, sin duda alguna, en la experiencia, en la vivencia misma de las familias al ser «reubicadas», para usar la jerga oficial, en el interior. Y es que tal concepción fue rígidamente normativa sobre lo que debía ser el destino final de la gente afectada por la Tragedia y en general, por todos aquellos que pierden sus viviendas en los deslizamientos de terreno que afectan a la zona metropolitana de Caracas de manera crónica. El análisis de las entrevistas obtenidas en el terreno muestra que, para la gran mayoría de los damnificados, irse a las afueras de las ciudades del interior fue vivido como un sacrificio.
Los rumores que circularon para explicar la política de evacuación forzada de las áreas destruidas y de las calificadas «en riesgo» hacían referencia a intereses ocultos que habrían tenido miembros del alto gobierno y del alto mando militar. Uno de los rumores que tomó más fuerza era que poderosos empresarios confabulados con intereses extranjeros habrían tenido la pretensión de desarrollar un «nuevo Cancún» en la zona costera destruida.
La difusión mediática de los ambiciosos planes de reconstrucción, elaborados con asesoría internacional por la llamada Autoridad Única de Vargas, fue bastante distorsionada y quizás potenció dicho rumor. En efecto, la Autoridad Única de Vargas, presidida por el ingeniero Carlos Genatios, junto con la Universidad Metropolitana y la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, elaboró un concurso durante los primeros meses del año 2000 en el que se presentaron los mejores proyectos desde el punto de vista urbanístico para reconstruir la zona afectada (Grauer, 2001). La publicación de estos planes refleja una gran calidad desde el punto de vista técnico de diseño urbano pero no dispusieron de factibilidad política.
Un político de la zona me contaba las circunstancias de la evacuación de la población en ciertos barrios populares del estado Vargas.
Fue la manera que ellos encontraron para despoblar forzosamente esos lugares diciendo que no podía haber ocupación de ese territorio porque es riesgoso y porque hay que levantar monumentos de conmemoración. Y los que no accedieron a ese tipo de presiones, los obligaron a irse. Yo fui testigo y oponente directo de esa medida en varios lugares, de operaciones donde los militares se lle varon a la gente, obligándolos a montarse en autobuses. Apuntándolos con armas. En Montesano le pagaron a la gente para que se fuera. Estimularon a que la gente tomara rápidamente la decisión. (…) También las familias que estaban en el teatro Pedro Elías Gutiérrez el 10 de marzo y los que estaban en el Polideportivo José María Vargas, que eran de Llano Adentro. Esas familias fueron obligadas a irse y algunas engañadas con unas viviendas que mostraron en fotografías, y cuando la gente llegó a los lugares, se encontró con cosas absolutamente diferentes a las que les habían prometido.
Determinar la veracidad de los rumores sobre los poderosos intereses que estarían detrás de la evacuación de la población de los barrios populares escapa a mi propósito. Pero lo que pude constatar es la ansiedad que generaba la circulación de los rumores acerca de los diferentes proyectos de desarrollo inmobiliario y, posteriormente, los que explicaban la paralización de la ejecución de los planes de reconstrucción y rehabilitación urbana.
Yes que la actuación de los funcionarios de una de las instituciones más poderosas y bien dotadas en el presupuesto de la nación, Corpovargas, daba lugar a muchas especulaciones. En todo caso, Corpovargas estaba lejos física y simbólicamente de los refugios en donde establecí mi puesto de observación. En los refugios las negociaciones sobre el futuro de la gente pasaban por el FUS y los militares (aun cuando Corpovargas estaba también dirigida por un general del Ejército).
En las instituciones que se ocuparon de las víctimas de la Tragedia funcionó entonces una identificación automática de damnificados con marginales. Parecía entonces saludable para la nación aprovechar la ocasión que brindó la catástrofe para aplicar la teoría de la relocalización de la población urbana en el medio rural como modelo de desarrollo. El desplazamiento de la población damnificada fuera de los sectores urbanos obedeció en efecto a la consideración de las ciudades como espacios propicios para la llamada «marginalidad». Los asesores y consultores que idearon el desplazamiento partían de la idea de un necesario «reequilibrio territorial» inspirada en diversas concepciones del subdesarrollo de los años sesenta.
Una primera idea consiste en explicar la marginalidad como el efecto perverso de la migración ruralurbana. En esta concepción, la ciudad representa a la sociedad capitalista, es decir, el medio urbano subordina y explota al medio rural. Una segunda idea es que la marginalidad es el resultado de la «cultura de la pobreza» que producen las «clases sociales urbanas alienadas por la explotación capitalista». La tesis de desarrollar al país por la vía del reequilibrio territorial se tradujo en diversas políticas de «desconcentración urbana». Se preconizaba detener el crecimiento del eje urbano costero constituido por las ciudades de Caracas Valencia y Maracay, aplicando así el precepto de «repoblar el campo abandonado» a causa de las migraciones rurales urbanas ocasionadas por el boom petrolero de los años sesenta y setenta.
El uso del concepto de marginalidad se inscribe de manera ambivalente en dos corrientes clásicas del desarrollo en América Latina. Por una parte, en la corriente clásica del pensamiento latinoamericano desarrollista, producido en el seno de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de inspiración básicamente evolucionista, basada en la idea de las fases sucesivas de la industrialización. El pensamiento de Gino Germani (1961), director del instituto Torcuato di Tella en Buenos Aires en los años cincuenta del siglo pasado, está fundado en las ideas de transición y de cambio como productores de «desequilibrios». Al realizar esta parte de la investigación, pude además encontrar en los trabajos producidos en el Centro de Desarrollo Económico y Social de América Latina (Desal) en Santiago de Chile en los años sesenta, y en particular los de Silva Fuenzalida (1965: 10-62) en los que se hace alusión explícitamente a los aspectos «socio culturales» de la marginalidad a partir de un «material antropológico». El autor expone allí su teoría sobre la importancia de cambiar «las creencias en torno a la fecundidad porque estas son el objetivo de toda transformación necesaria para que las clases bajas de la sociedad tomen consciencia de los valores contemporáneos». Encontramos en estos materiales una colección de clichés y estereotipos dominantes en la época sobre los «subproletarios y pobladores» marginados que habitan en las ciudades latinoamericanas que paradójicamente coincidirán en algunos puntos, sobre todo en aquellos concernientes a la marginalidad urbana, con la corriente de pensamiento de la teoría de la dependencia, la hermana progresista del desarrollismo.
Por otra parte, la teoría de la dependencia desarrollada por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1986), muy mal digerida por Jorge Giordani, sirvió de apoyo para atribuirles a las ciudades una especie de rol explotador, de «centro» siendo el campo la «periferia». La reproducción del modelo mundial de la dependencia en una nación hizo que la dinámica de las ciudades siempre fuera vista como «explotadora». Este razonamiento rápido y prejuiciado sobre las ciudades hizo que se consolidara una especie de concepción antiurbana en los principales ideólogos y consultores del gobierno de Hugo Chávez.
Esta visión de país corresponde a su vez a una visión particular del desarrollo, que aunque se diga progresista, se inscribe más bien en la corriente «modernista tecnocrática» en lo que concierne a la «gestión de los pobres». Los preceptos que la sostienen cuadran bastante bien con lo que expone Bruno Lautier (1995: 385-387) cuando analiza los discursos sobre la pobreza en América Latina que se «visten con el lenguaje de la moral». La materialización de la dignificación fue alejándose de la indemnización prometida y se convirtió en un arreglo tecnocrático, traducido en disposiciones prácticas y en principios organizadores y normalizadores de la vida cotidiana de los afectados.
La paradoja es que ello no significó la movilización de recursos necesaria para garantizar el éxito de dicha política.
La literatura científica sobre el manejo de poblaciones afectadas por desastres naturales ha reseñado las dificultades inherentes a las políticas de desplazamiento forzado de la población damnificada. Ni la política ni las dificultades a la hora de desconcentrar a la población afectada por la Tragedia son particulares al caso venezolano porque los desastres son frecuentemente un pretexto de los gobiernos para darles otro uso a las zonas afectadas (Oliver-Smith, 1991). El proyecto de transferir la población al interior fue el fruto del consenso entre las autoridades ministeriales y sus asesores, como lo muestran los trabajos de Jorge Giordani (2004), José Luis Pacheco (2004: 248-252) y Tobías Nóbrega (1999). Alejar a los pobres de los centros urbanos debería haber sido, según este proyecto de desarrollo, una de las etapas de la desconcentración de la población, condición necesaria para el «reequilibrio territorial»<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-69" id="ref-69">69</a></sup>.
Veamos para terminar, a partir de un ejemplo concreto, el desfase profundo –y aparentemente insalvable– entre la ejecución práctica del realojamiento propuesto por los planificadores inspirados en el superado modelo teórico-espacial del «equilibrio territorial». La portada de El Nacional del 6 de diciembre de 2000 mostraba a una mujer de espaldas, parada frente a un refrigerador abierto y vacío. La leyenda explicaba que la nevera pertenecía a una familia damnificada por la Tragedia. El reportaje, publicado un año después del desastre, examinaba la gran precariedad socioeconómica que afectaba a las familias víctimas de la Tragedia, muchas de las cuales fueron reubicadas en el interior del país durante los años 2000 y 2001. La mujer de la foto, madre de familia, denunciaba que la asistencia brindada por las instituciones gubernamentales resultaba insuficiente para comenzar una nueva vida en la urbanización donde se ubicaba su nueva casa, en las fueras de Maracaibo, estado Zulia, porque no habían fuentes de trabajo, transporte ni servicios básicos. Posteriormente, el diario El Nacional publicó una réplica a ese reportaje por el director del FUS, institución que tenía a su cargo la ejecución de las políticas de asistencia dirigidas a los damnificados, para ese momento, William Fariñas, teniente coronel del Ejército. El teniente coronel Fariñas respondió que el problema era que la familia era demasiado numerosa, que el marido de la mujer se había beneficiado de los «planes de empleo rápido» y que «lo que pasa es que ellos tienen un problema de autoestima».
Hay una desesperanza aprendida, y las familias han sido tan sometidas al maltrato de los organismos en 40 años, que por eso siguen con sus quejas. Es un problema de minusvalía que tiene que ver con la autoestima. Ahora tienen que internalizar que van a pagar luz, agua, mandar a los muchachos a las escuelas, buscar ingresos; estamos hablando de responsabilidad. Es un problema de autoestima, no dignificamos sólo otorgando una vivienda. (Fariñas, 2000).
Situaciones como ésta se presentaron con frecuencia hasta finales del año 2003, cuando se dio por terminado el «Plan de dignificación de la familia venezolana». ¿Qué ocurrió para que los beneficiarios de la dignificación, en principio nuevos sujetos de las políticas del recién instalado gobierno revolucionario, pasaran a ser «indignos» a los ojos de las instituciones encargadas de distribuir y garantizar la asistencia? ¿Cómo fue que pasaron de ser los beneficiarios por excelencia de una política que les devolvía la dignidad, a ser portadores de problemas psicosociales que impiden su salvación social? La cuestión exige comprender las maneras en que los funcionarios del FUS –cuyos cuadros estaban formados por personas con trayectorias similares a la del emblemático Iván, así como también por integrantes del Ejército, simpatizantes del movimiento bolivariano– trazaron el itinerario moral, social y político de las familias asistidas.
Recordemos de nuevo que dos instituciones resultan emblemáticas de las políticas sociales que existieron hasta el 2003: el Plan Bolívar 2000 (PB 2000) y el Fondo Único Social (FUS). Al comienzo de su gobierno, el presidente Chávez anunció la puesta en marcha del PB 2000, programa social en el que las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército, tenían un rol preponderante. Los jefes de las guarniciones más importantes del país coordinaban y ejecutaban con sus propios medios, efectivos y criterios una serie de acciones de servicio comunitario, asegurando la logística de la prestación de servicios sociales en las zonas más alejadas y desfavorecidas del país, en despliegues puntuales de efectivos militares y personal médico social llamados operativos.
Según los datos de la comisión especial para Vargas de la Asamblea Nacional, entre diciembre de 1999 y 2003 se gastaron 1.372.107.891 de dólares en el «plan de dignificación de la familia venezolana», ejecutados por el PB 2000, Fondur y FUS. Sólo en el año 2000, el monto del presupuesto del FUS y el PB 2000 fue de 243 millardos de bolívares. En el año 2005, el PB 2000 fue declarado «inauditable», es decir, los miembros de su propia directiva declaraban a la prensa no estar en capacidad de establecer los montos del presupuesto ejecutado. Al PB 2000 se le dio carta blanca para su ejecución, lo que favoreció el desvío de fondos porque resultaba administrativamente imposible pedirles cuentas a las Fuerzas Armadas de la ejecución de los recursos. En abril de 2007 el diario El Universal señalaba que seis cuentas bancarias del general Víctor Cruz Weffer, director del PB 2000, fueron bloqueadas por denuncias de corrupción.
Habría que añadir que dada la debilidad institucional del Estado venezolano en las zonas rurales, los militares han brindado históricamente servicios sociales de emergencia, supliendo la desatención en las zonas menos dotadas de servicios públicos.
La novedad de la incorporación de los militares en tareas de asistencia social es en efecto política.
Hay un deslizamiento que busca legitimar la permanencia de la presencia militar que se sustenta en una nueva lógica: la acción humanitaria. El presidente Chávez presentó a comienzos de 1999, casi un año antes de la catástrofe, al PB 2000 como «la acción humanitaria más importante llevada a cabo en Venezuela hasta hoy». Al invocar la noción de «acción humanitaria» se establece de antemano un funcionamiento del aparato del Estado fundado en la emergencia. Ya no se trata de una política pública sino de una acción de salvamento. La función del PB 2000 está establecida en el «Plan de gobierno 2000-2007», en donde se le define como un «plan cívico-militar» para «proporcionar asistencia urgente a la población más necesitada y en máxima exclusión social». Así, por ser un programa de emergencia, se otorgaban contratos sin licitaciones y sin ninguna forma de control administrativo. La Tragedia fue entonces la ocasión para que la urgencia pasara de ser una metáfora social para indicar la falta de atención y de servicios públicos, a ser una situación real creada por un acontecimiento destructor extremo.
Pero retomemos las declaraciones de William Fariñas, director del FUS y teniente-coronel del Ejército y las razones que según él explican la profunda precariedad en que se vivía en los nuevos urbanismos del interior a donde trasladaron a los damnificados. Es al menos curioso que un año después del despliegue militar que tuvo lugar entre diciembre de 1999 y diciembre de 2000 para asistir a los damnificados, el director del FUS aluda a los «problemas de autoestima del venezolano» para «explicar» la situación que se vivía en el interior. Con estos no quiero decir que el «damnificado aprovechador» no exista –de las tácticas de negociación con las instituciones estatales hablaremos más tarde– sino que es preciso interrogarse cómo fue que las institucio nes pasaron a establecer un ordenamiento moral que reguló la normalización de la vida después de la emergencia, cómo fue que las instituciones empezaron a decidir lo que era grave e importante y lo que no lo era en la vida de la gente. La reflexión de Fariñas lo que indica es que para el gobierno ya los «damnificados-dignificados» no merecen ser tratados como unos asistidos de excepción sino que, de ahora en adelante, serán tratados como los «demás» e incluso peor, porque de alguna manera no estuvieron a la altura de las expectativas que el gobierno tenía con respecto a ellos: trasladarse al interior, reconvertirse a la agricultura, abandonar definitivamente la ciudad, etcétera.
La moralización que he descrito se desplegó con fuerza para estigmatizar a los damnificados que no se quedaron en los sitios a donde fueron transferidos y fue la base discursiva y valorativa de las instituciones del Estado para no tomar en cuenta las demandas de los que volvían. La consecuencia de la condena moral de aquellos que según el gobierno «no hicieron un esfuerzo por adaptarse» fue que volvieron invisibles a todos aquellos que a todas aquellas familias que para las instituciones «fracasaron» en la dignificación. Un ejemplo introductorio del siguiente capítulo es la penalización legal que se les intentaba aplicar a aquellos que vendían las casas del interior. Cuando la gente no se quiso quedar en los «nuevos urbanismos» que el gobierno nacional desarrolló en la periferia de las ciudades del interior del país, se les infantilizó declarando que un don del Estado no se vende.
No hubo libertad para que las familias decidieran sobre su propio destino. No podían administrar libremente la indemnización que les correspondió.
Las mujeres jefes de familia hacían peripecias para demostrar que eran honestas ante las instituciones, porque el hecho de querer volver a Caracas era de por sí una fuente de sospecha de inmoralidad, un argumento más para la descalificación sistemática a la que se vieron –y todavía hoy se ven– sometidos los damnificados venezolanos. Muchas jefas de familia aprendieron a verter sus lágrimas en el momento preciso, a encadenarse en las rejas del Palacio de Miraflores e incluso a mostrar la capacidad de negociar en cualquier circunstancia.
Veamos ahora en qué consistían las tácticas de resistencia frente a la invisibilidad institucional, en el contexto de desgaste e incredulidad de la promesa de redención fallida de la dignificación.