La catástrofe y el estado de excepción Analizar una emergencia supone detener el tiempo, congelar una imagen. Bloquear el tiempo permite discernir los elementos que componen las decisiones y la toma de medidas para enfrentar una crisis. Para comprender la envergadura y el carácter de dichas medidas es preciso primero describir al fenómeno natural que ocasionó la Tragedia.
Las lluvias torrenciales de tres días consecutivos, del 11 al 14 de diciembre, fueron tres veces superiores a la media anual. Los deslizamientos masivos de terreno del 15 de diciembre fueron calculados en 15 millones de metros cúbicos. Los movimientos de la masa geológica generaron una erosión intempestiva del suelo rocoso y de la vegetación en muchas áreas de la Cordillera de la Costa, denominada en el área de Caracas y del estado Vargas, El Ávila. Los aluviones corrían violentamente por los flancos de la montaña hacia el mar, del lado norte, donde se ubica el estado Vargas, y hacia el valle de la ciudad de Caracas y de la quebrada de Tacagua en el lado sur. Los expertos subrayaron el carácter fuera de lo común del fenómeno de deslizamientos masivos de terreno, denominado deslave. El deslave de 1999 se inscribe en una larga historia de deslizamientos masivos. Dicha historia estaba débilmente presente en la memoria colectiva. La primera reseña de crecidas masivas en El Ávila fue elaborada por el Barón de Humboldt en su crónica de viaje en 1798.
También tuvieron lugar deslaves reseñados como «crecidas» en los años 1948, 1951 y 1961, con consecuencias devastadoras, aunque menos importantes a causa de la menor densidad poblacional.
Las faldas escarpadas de la Cordillera de la Costa, tanto en su vertiente norte-costera como en la sur, que da sobre la ciudad de Caracas, tiene una predisposición natural a los deslizamientos. Dicha fragilidad resultó agravada por la intervención arbitraria y acelerada del relieve para urbanizarla a lo largo de los últimos treinta años. La literatura científica muestra que la magnitud de la destrucción ocasionada por fenómenos recurrentes, como por ejemplo la oscilación de El Niño en el océano Pacífico, depende, en gran medida, del modelo social y económico de ocupación del espacio geográfico (Davis, 1998; Hoffman y OliverSmith, 2002). El geógrafo Mike Davis (1998) sostiene que el nivel de destrucción alcanzado por las catástrofes está estrechamente vinculado con la profundización de las desigualdades sociales, en particular en lo que concierne a la ocupación del espacio. Su estudio sobre Los Ángeles demuestra que las metrópolis contemporáneas están constantemente expuestas a los riesgos y son afectadas por desastres cada vez más frecuentes, ocasionados por fenómenos aleatorios que se multiplican a causa de las relaciones sociales de producción y de los procesos que acompañan la ocupación territorial del capitalismo tardío: disminución del espacio público, privatización del agua y de la energía, déficit de viviendas, etcétera. Las catástrofes son, desde esta perspectiva, una manifestación más de los efectos perversos de la globalización, de la pobreza urbana y del divorcio entre las ciudades y el paisaje natural. Para Mike Davis (1998: 61), la ciudad de Los Ángeles viene a ser el caso emblemático de este proceso: una megaurbe del siglo XXI sometida a condiciones de fragilidad extrema en caso de contingencia y constantemente asediada por incendios, crecidas, escasez de agua, etcétera.
Así, aunque los fenómenos aleatorios sean naturales, los desastres no lo son. También identificado con la corriente de la geografía humana crítica, el canadiense Kenneth Hewitt (1998) ahonda en la demostración del peso de las relaciones sociales de producción en la aparición de los desastres, definidos como el producto de la interacción entre la economía política y el ambiente físico.
Las ciudades venezolanas crecieron a partir de los años setenta de manera desordenada. Caracas, La Guaira, Los Teques, sus barrios y urbanizaciones son presa fácil de los riesgos físicos al multiplicarse la vulnerabilidad de manera vertiginosa en los últimos años, sobre todo en las zonas que ocupa la población en condiciones sociales más precarias. En el caso del estado Vargas y de la zona metropolitana de Caracas, el desarrollo urbano de las montañas fragilizó los suelos a causa de la modificación arbitraria de los cursos de agua (Genatios, 2003; PNUD, 2000), magnificando la vulnerabilidad ante el riesgo de los deslizamientos de terreno, lo cual hizo que la Tragedia fuera devastadora.
Resulta casi obvio decir que la vulnerabilidad frente al deslave, entendida como la exposición a los factores de riesgo, fue exponencial para aquellos habitantes que vivían cerca de cursos de agua arbitrariamente modificados y para aquellos cuyas viviendas estaban situadas en pendientes pronunciadas<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-3" id="ref-3">3</a></sup>. En el área metropolitana de Caracas y en el estado Vargas, la gran mayoría de la población habita en zonas catalogadas «de riesgo». A comienzos de los años noventa, los barrios caraqueños, conformados por construcciones precarias, constituían el 40 por ciento de la población de la ciudad.
En otras ciudades del país, este porcentaje alcanza un 64 por ciento (Baldó, 1993) y hay suficientes indicios para pensar que esta proporción ha aumentado significativamente (Bolívar, 1998).
Las características geofísicas de los suelos y las carencias de servicios básicos han hecho de los barrios caraqueños un hábitat urbano vulnerable a los desastres. Sin embargo, el debate público y político sobre este tema se ha desarrollado fundamentalmente de manera tecnocrática, centrándose sobre todo en los aspectos técnicos de la gestión de riesgos, es decir, en la producción de la vulnerabilidad física cuando se conjugan riesgos naturales y desarrollo urbano no planificado, pensando que la modelización de los factores sería la «solución» para la prevención y evacuación de las poblaciones vulnerables. Los grupos de expertos restringen el problema al sugerir que se trata de una cuestión técnica, vinculada con una gestión ideal de la ocupación del espacio y con el desarrollo de sistemas de alerta temprana, para lograr eficazmente, en un momento dado de amenaza, la evacuación eficaz de la población vulnerable. Ciertamente, el desarrollo de ese tipo de sistemas es fundamental. Pero el problema es que, bajo esta perspectiva, la vulnerabilidad es concebida como la exposición a los factores de riesgo, en este caso un hábitat geológicamente inestable. Parafraseando a Ulrich Beck (2001), la Tragedia se debió en gran parte a la conjunción de un fenómeno aleatorio –las lluvias– que, junto a un desarrollo urbano irrespetuoso de las características geológicas, se volvió aún más destructor. Pero, ¿qué ocurre después de la manifestación del fenómeno con los afectados? ¿Quién decide su destino? Y antes de la manifestación del fenómeno, ¿quién decide quién es vulnerable y quién no lo es? Me atrevo a pensar que las respuestas a las catástrofes centradas en un programa de «buena gestión de riesgos» y con dispositivos adaptados para responder a cada tipo de fenómenos aleatorios (terremotos, inundaciones, etcétera) reduciría sustancialmente la discusión que es preciso dar en torno a este problema.
Propongo por mi parte ir más allá y examinar el sentido político que adquieren las medidas destinadas a gerenciar la vulnerabilidad y el riesgo en espacios geográficos en donde la crisis es crónica<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-4" id="ref-4">4</a></sup>.
En los Estados modernos contemporáneos, las instituciones de Defensa Civil están subordinadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior y estrechamente vinculadas a la gestión de las comunicaciones y la vigilancia de la infraestructura. Los sistemas de operaciones de las agencias y de las instituciones que manejan las emergencias tienen una lógica muy similar al de los manuales militares de gestión de crisis. La sociología política ha mostrado que cuando los Estados contemporáneos están confrontados a catástrofes naturales, las divergencias entre instituciones como Defensa Civil, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el gobierno federal aparecen en el momento mismo en el que hay que declarar la situación de desastre (Kroll-Smith y Gunter, 1998). Esta tensión muestra que la definición social y política de la catástrofe se relaciona estrechamente con la exigencia moral de las sociedades contemporáneas de disponer de medios suficientes para hacer frente a los diferentes tipos de riesgo. Así, la «ineficacia» de las células de crisis es sistemáticamente señalada como la responsable directa de las pérdidas que ocasiona una catástrofe.
El concepto mismo de «medidas de emergencia» está emparentado con el paradigma de la guerra que refleja el compromiso de los Estados modernos con la seguridad (Hewitt, 1998: 75-91).
El editorial del primer artículo de la revista Disasters es un buen ejemplo de cómo se traduce moralmente ese imperativo político: «nuestra convicción es que la gente muere durante las catástrofes principalmente porque se invirtieron pocos recursos para salvar sus vidas» (Benthall, 1993: 25). Por ejemplo, los analistas de la crisis generada en los Estados Unidos por el paso del huracán Katrina, que arrasó al estado de Louisiana en agosto de 2005, esgrimían los mismos argumentos para explicar la letalidad del fenómeno: «ausencia en la coordinación de las acciones, la utilización ineficaz de los recursos, la lentitud de la reacción institucional». Sin embargo, los manuales y protocolos especializados en gestión de desastres registran poco, por no decir nada, el papel que juegan los intereses políticos y los problemas del ejercicio del poder en el momento mismo de una crisis<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-5" id="ref-5">5</a></sup>.
Pude constatar que los socorristas que participaron en las operaciones de la Tragedia evocaban que los problemas de coordinación engendraron situaciones tan nefastas o incluso peores para los sobrevivientes que la catástrofe provocada por la naturaleza. Los expertos en salvamento afirmaban con énfasis que «la gestión del desastre fue un desastre». La opinión pública venezolana fue una voz dividida, atravesada por dilemas inconciliables a la hora de juzgar la actuación de los poderes públicos durante el salvamento, en particular la de los militares. Los expertos en salvamento demostraban la negligencia con argumentos técnicos, mientras que algunas víctimas y el gobierno hacían referencia al heroísmo y a la valentía de los grupos de rescate, voluntarios y soldados. Así, ya sea por exceso –«uso desmesurado de la autoridad y de la fuerza pública»–, ya sea por omisión –«el salvamento llegó tarde», «los saqueadores hicieron de las suyas