Recurramos de nuevo a la etnografía. Antes de la catástrofe de diciembre de 1999, Carmen vivía en las pendientes de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Su biografía ilustra cómo los factores localización, infraestructura y organización sociopolítica se conjugan y relacionan para producir condiciones de vida de extrema vulnerabilidad. Antes de la destrucción de su rancho, donde vivía con dos de sus hijos, Carmen estaba «en riesgo» porque la casa estaba situada en una pendiente de 45 grados.
Al día siguiente del desastre, el auxilio que se les brindó a Carmen y a su familia fue rápido. La mitad de la casa estaba destruida por un deslizamiento de terreno, fue declarada como inhabitable por los bomberos que le dieron una constancia de damnificada. Con ese certificado Carmen fue alojada en la Ciudadela Bolivariana en Lomas de Urdaneta, Catia. Este refugio fue el más importante de la zona metropolitana durante los meses que siguieron a la catástrofe. Carmen vivió en ese refugio de tránsito durante más de un año, con la esperanza de obtener una nueva vivienda y además, ser su propietaria. La oferta del gobierno de una casa «con los papeles en regla» era sustanciosa para ella. El hecho de tener vivienda propia la liberaría de tener que arrendar una habitación y de tener que esperar que su pareja le diera dinero a fin de mes. Cuando evocaba su primera estadía en el refugio de la Ciudadela Bolivariana de Catia, Carmen decía que estaba plena de optimismo a pesar de que las condiciones de vida eran precarias.
En ese momento ella fue una beneficiaria legítima para las instituciones que brindaban la asistencia.
Principios del año 2001. La vivienda que le adjudicaron a Carmen estaba ubicada en Sabaneta de Barinas, poblado número 4. Es en ese momento preciso que ella dice haber obtenido lo que esperaba de parte del gobierno. Una vez instalada en la casa, Carmen decidió partir dos semanas para ir a ver a su hijo mayor y conseguir algo de dinero.
Ella tuvo su primer hijo a los 17 años y lo envió a vivir con su madre en Barquisimeto porque no tenía manera de criarlo y trabajar en Caracas. «Lo veo durante las vacaciones, cuando tengo plata para pagar el pasaje», dice Carmen. El marido de Carmen no vivía con ella permanentemente y la visitaba los fines de semana. Sin embargo, cuando Carmen regresó de Barquisimeto encontró la casa incendiada y saqueada. Las rejas de la puerta estaban cerradas con candado. Trató de abrirlas, en vano. Perdió todas sus cosas en el incendio. Me decía que la casa había sido quemada por los vecinos que eran «un poco de malandros». Alguien le dijo que era una estrategia de los invasores, grupos que venían de los caseríos vecinos y que se sentían excluidos de las políticas de vivienda, y que identificaban las casas vacías, las quemaban y las cerraban con candado hasta ocuparlas, una vez que la declararan «abandonada» ante las autoridades locales. En efecto, Carmen supo después que la casa había sido ocupada por otra familia que le declaró al FUS haber encontrado la casa vacía y abandonada.
Carmen entendió que había perdido la casa y que tampoco podría recuperar sus cosas, tomó a los niños y se fue a las oficinas del FUS en la avenida Andrés Bello de Caracas, a más de ocho horas en autobús, a denunciar lo que le había pasado.
Pensaba que haciéndolo quizás podría recuperar la casa o al menos figurar en una lista para una nueva adjudicación. Pero las cosas eran distintas.
En el FUS le dijeron que ella había abandonado la casa y que por eso otra familia la había ocupado<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-90" id="ref-90">90</a></sup>.
La presión por las viviendas en las oficinas del FUS y de Fondur era tal que los funcionarios justificaban la toma irregular de las casas «abandonadas» por parte de aquellos que declaraban tener necesidad de vivienda.
Para empeorar las cosas, Carmen ya aparecía en el censo de la institución como beneficiaria de una casa. Expuso su caso ante los funcionarios, quienes en vez de clarificar la situación y de encontrar una solución, la declararon «desertora del programa de dignificación de la familia venezolana» perdiendo así el derecho de reclamar otra casa. La pusieron en una lista de espera para una nueva casa y la enviaron a vivir en el refugio de Caricuao, donde la conocí.
El carácter ordinario y banal de la invasión de la casa de Carmen nos sirve para examinar tres paradojas. La primera paradoja es que a causa del saqueo de la casa, Carmen no posee ninguna atestación objetiva del hecho de no tener vivienda.
Nada puede sustituir el certificado de pérdida de domicilio que le habían dado los bomberos en diciembre de 1999. En las oficinas del FUS el único recurso del que ella dispone es su historia, pero no tiene efecto. No hay nombre institucional para los damnificados cuya casa ha sido saqueada y Carmen se encuentra entonces desprovista de toda posibilidad de otorgar la prueba de su pérdida. Carmen dejó de ser una víctima porque no disponía ya de ningún recurso retórico. No existe una categoría para nombrar su caso. Este primer recorrido explica en gran parte todo aquello en que se conjuga la condición de damnificada y resulta entonces evidente que, como lo señala la antropóloga india Veena Das (1997: 209), ser vulnerable no es lo mismo que ser una víctima.
En cuanto a la segunda paradoja, aparece una relación dialéctica entre lo que afecta cotidianamente a las víctimas y lo que ha sido socialmente construido como lo que llamaré la «desgracia original». Por una parte, lo que Carmen siente como un drama extremo –el saqueo de la casa de Barinas– atañe a la realidad banal de lo cotidiano de las familias pobres, desplazadas al interior y desprovistas de toda protección social y jurídica, alejadas de las fuentes de trabajo de la ciudad y aisladas de sus relaciones sociales. Por otra parte, está lo que ha sido socialmente construido como el acontecimiento más dramático de la historia contemporánea venezolana, la catástrofe de diciembre de 1999. Pero ese acontecimiento ya no hace sentido en la historia de Carmen como causa de su problema. Ella ya no es considerada como una víctima de la Tragedia, y tampoco lo quiere ser. Es más bien una víctima de los saqueadores de la nueva casa, o en todo caso de la incomprensión de los funcionarios del FUS. Sin embargo, ella no tiene los medios para reclamar una nueva condición, porque ese saqueo no es un acontecimiento dramático para la institución que otorga la ayuda. Es un asunto individual y propio, un problema de ella.
La tercera paradoja es que a partir de la catástrofe, por sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, Carmen se convirtió por primera vez en una beneficiaria legítima de una ayuda a los ojos de las instituciones y de la sociedad. La atribución de la casa la extrajo de la condición de víctima del desastre. Sin embargo, la misma lógica de la asistencia no funcionó para validar su nueva condición de damnificada por vandalismo. Es decir, ser víctima de la catástrofe le otorgó un estatus social. En la narración de su historia, la dimensión de catástrofe se sitúa en una escala menor que la del incendio y el saqueo de la nueva casa. Ese saqueo fue lo que le robó a Carmen la oportunidad de cambiar su vida, una oportunidad que paradójicamente el desastre le había otorgado. Al ser sujeto legítimo de una política pública, ella entiende que es posible una indemnización, y en efecto la reparación se concretó en un objeto: la casa. Y fue ese objeto lo que ella perdió.
Resumiendo la ambigüedad irreconciliable que otorga o sustrae a discreción la legitimidad de la condición de víctima de una tragedia, la desgracia del saqueo de la casa es completamente distinta a la pérdida por el deslave. El pillaje de la vivienda no implica una nueva adquisición del estatus de víctima. El confinamiento en Caricuao no significa que se le haya devuelto la condición de damnificada sino que la coloca en una especie de limbo institucional, en un estatuto ambiguo. Vemos cómo la oposición entre responsables y damnificados tiene que ver con la forma en que se atribuye la responsabilidad del siniestro. Para los funcionarios, el infortunio de las familias se debe a que no se supieron defender y no supieron cuidar lo que se les dio. Esta lógica estaba además muy presente en todos los organismos que manejaron los programas de viviendas, en particular después de 2002. La institución inscribía el saqueo y las invasiones en el orden de lo banal. Desentendimiento producto del fin de la responsabilidad del Estado para con los damnificados, lo que explica por qué el FUS decidió transferir la administración del refugio a una «ONG».
Para terminar, subrayaré que Carmen es cuanto menos dueña de su esperanza y que estaba consciente de sus márgenes reales de acción. Ella disponía de la mejor habitación del refugio, su marido le había instalado cerraduras en las puertas, uno de los niños iba a la psicóloga de la escuela, en donde le habían dado cupo para septiembre de 2003, porque tenía problemas de aprendizaje. De esta manera Carmen luchaba contra el estigma que las instituciones y la sociedad le habían impuesto e