La dignidad ocupa un lugar muy importante en la retórica oficial del gobierno venezolano, sobre todo cuando se trata de describir las iniciativas de intervención estatal dirigidas a la población pobre.

En las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 se lee lo siguiente: El gobierno nacional, desde sus inicios, ha tenido como prioridad devolverle la dignidad a los grupos poblacionales más pobres, lo que requiere de respuestas rápidas y eficientes. Para lograrlo se emprendió el Plan Bolívar 2000, que es un Plan cívico-militar dirigido a activar y a orientar la recuperación y fortalecimiento de Venezuela y a atender las necesidades del país, proporcionando en su primera fase, asistencia urgente a la población más necesitada y en máxima exclusión social. (2001).

Un juego de identificaciones políticas subyace a esta retórica oficial. El primero es el supuesto del axioma que encabeza el párrafo. Se estatuye que puesto que grupos poblacionales más pobres viven en la «indignidad», le toca a las Fuerzas Armadas, y en particular al Plan Bolívar 2000, restituírsela.

Seguidamente, esta militarización es identificada como parte de una acción humanitaria. A través de la fórmula «asistencia urgente» los planificadores del gobierno subrayan el carácter humanitario que el presidente Chávez ya le había atribuido al Plan Bolívar 2000 cuando se lo anunció a la nación en un discurso de febrero de 1999. En esta concepción de las políticas sociales, la obligación del Estado se funde con las líneas de acción de las Fuerzas Armadas.

Detengámonos entonces en el vuelco que significa la alusión explicita a la dignidad en el programa social del gobierno. Designar como «dignificación» a las políticas de asistencia dirigidas a las víctimas de la catástrofe de diciembre de 1999 constituye, en efecto, uno de los «actos de lenguaje performativo» (Austin, 1970) más creativos del presidente Chávez. Su efecto social fue el de definir los contornos de una acción pública, sus objetivos y sus destinatarios. Es bien sabido que los efectos sociales de las palabras empleadas en las políticas sociales nos llevan siempre a preguntarnos sobre la construcción de la mirada particular de los problemas sociales que precede a los programas. Y como lo ha demostrado bien el análisis de los supuestos morales de las políticas públicas, la mirada del «Estado se vuelve tan natural que nos olvidamos que es una construcción y que, por lo tanto, le da sentido a ciertas realidades y a su vez oculta otras» (Fassin, 2004b: 7-8). Veamos entonces cómo se le da sentido a la realidad de la intervención del Estado para solventar los problemas de pobreza en tiempos de Revolución bolivariana.

Antes que nada centrémonos en la dignidad como concepto51. La dignidad es una categoría moral primordial en la concepción moderna de la identidad porque está estrechamente vinculada al sentido de la plenitud del sujeto autónomo.

Siguiendo al filósofo canadiense Charles Taylor (1998), la dignidad implica a su vez la idea de autonomía y de independencia ya que el hecho de ser autónomo supone un individuo responsable y digno de respeto. Por lo tanto, la identidad del individuo moderno se relaciona directamente con su comportamiento: nuestra manera de ser, nuestros gestos y nuestra forma de hablar son nuestra manera de habitar en el espacio público y es en ese espacio en donde potencialmente se juegan el respeto o el menosprecio, el orgullo o la vergüenza (Taylor, 1998: 30). Sin embargo, la noción de dignidad no es una invariante universal, es decir, la autonomía del individuo se inscribe de una manera particular en el mundo social y la historia. Por lo tanto, como lo muestra el antropólogo Didier Fassin (2000a: 955), «según la posición que el individuo ocupe en el mundo social, la exigencia de ser independiente y autónomo no puede tener la misma significación, porque implica, por un lado, las potencialidades de una realización de sí mismo, y por el otro la coacción de la construcción de una identidad impuesta».

La mencionada significación que adquieren la identidad y la autonomía se configuró en una coyuntura de cambio de sentido, de crisis y de refundación del Estado que se vivía en Venezuela a finales del siglo XX. Ese contexto supuso un desfase cargado de significaciones políticas nuevas, entre el hecho de ser la víctima de una catástrofe que necesita ayuda del Estado y que espera una indemnización por parte de la sociedad y el comportamiento esperado de un «dignificado», es decir, de un nuevo beneficiario y a la vez un nuevo sujeto político. Y es que la palabra «dignificación» lo que terminó designando a la larga fue un modo de intervención social del Estado que se esperaba distinta, diferente a las del pasado, con un trasfondo de revolución, de cambio. Pero, cuando se adopta una perspectiva crónica, resulta que la dignidad invocada por el gobierno se fue transformando con el tiempo en una suerte de cuadro normativo de la asistencia que resultó desmesuradamente rígido porque establecía una expectativa acerca del comportamiento de los dignificados. Expectativa que se presentaba además como institucional pero que era sobre todo y ante nada, moral.