Detengámonos un momento en la construcción política oficial que hace la Revolución bolivariana de tres acontecimientos violentos de la historia reciente venezolana, El Caracazo de 1989, el intento de golpe de febrero de 1992 y los saqueos poscatástrofe de 1999, para entender la militarización de la sociedad venzolana bajo la égida bolivariana.

En primer lugar, ¿cómo justifica el presidente Chávez el golpe del 4 de febrero de 1992? La retórica oficial hace uso, para retomar a Luis Castro Leiva (1988), de la figura de la «absolución histórica». El uso político en América Latina y Venezuela de la metáfora de la historia como tribunal que juzga y enjuicia, absuelve o condena está anclado con mucha fuerza en la justificación política de la violencia. Si vamos más allá –o más acá– de lo discursivo y miramos los aspectos más cotidianos y banales de la simbología revolucionaria, se puede afirmar que hay un «mito fundador» que se basa en el rol redentor de las Fuerzas Armadas durante el acontecimiento más violento y quizás socialmente dramático de la historia contemporánea venezolana: el 27 de febrero de 1989. Es decir, la invocación permanente de la redención de los efectivos militares se refiere, ante todo, a la «maldición» que los embargaría por haber efectuado «acciones represivas contra el pueblo» durante el Caracazo, en febrero y marzo de 1989.

En segundo lugar, la violencia y represión de los saqueos del 27 de febrero de 1989 aportan una de las claves fundamentales para comprender la nueva relación propuesta por el bolivarianismo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Cuando los militares que se sumaron a la causa del comandante Chávez el 4 de febrero de 1992 explican sus acciones, dan cuenta de un «padecer moral» que aseguran haber sentido cuando tuvieron que obedecer las «órdenes de reprimir» emanadas del Ejecutivo del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez durante los sucesos de febrero de 1989. No es mi propósito el expresar una duda que pudiese interpretarse como irónica acerca de los «buenos sentimientos» manifestados por los militares del Ejército al tener que seguir, muy a su pesar, tales órdenes. Lo que más bien me interesa es resaltar cómo se construyen en estos testimonios dos figuras: la de los «oficiales comprometidos con el pueblo» y la de los oficiales «comprometidos con la oligarquía». Esta dicotomía es transversal al discurso que sustenta el mito de la maldición y de la necesaria redención de los oficiales, vía la insurrección militar tres años después (en 1992) en incluso más de diez años después (en 2003), cuando se instaura oficialmente el 4 de febrero como «día de la dignidad nacional». Los dilemas que generaron estos dramas se inscriben en un ordenamiento moral del mundo político bolivariano. En esta versión de las cosas, cuando salieron las tropas a la calle, los oficiales «buenos», «conscientes» y «socialmente comprometidos con el pueblo» durante el Caracazo tuvieron resistencias en participar en la represión y a obedecer las órdenes emanadas de un Estado Mayor «perverso». Los oficiales «malos», «indeseables», «traidores de los intereses del pueblo», «comprometidos con las élites» representaban por su parte los «más oscuros intereses de explotación y dominación del pueblo». Esto llevó a que los oficiales bolivarianos tres años más tarde se sublevaran contra el orden que imperaba en Venezuela antes de 1998. Aparece así una versión de la historia en la que los sentimientos morales absuelven o condenan a los militares.

Martha Harnecker (2004) es una de las ideólogas del régimen bolivariano y es quizás quien mejor presenta la lógica política del uso del Caracazo. Harnecker construye eficazmente el mito de la rebelión al subrayar que los comandantes socialmente más «conscientes» se rehusaron a «reprimir al pueblo» y cuenta un testimonio para sustentar su argumento: A todo esto se agrega la conmoción que causó en la generación de Chávez el Caracazo. Hubo un gran rechazo a ser usados como instrumentos de represión. Un militar que entrevisté me contó cómo él, al ver al pueblo hambriento saqueando un supermercado se decidió a poner disciplina en el saqueo.

Llamó a la gente a organizarse en filas para obtener determinados productos: la cola de la carne, del arroz, la de los productos lácteos; pero no dejó que se llevaran las máquinas de contabilidad porque esa no era una necesidad de la gente sino que era aprovecharse de una situación para robar. (Harnecker, 2004: 18).

Dos elementos importantes para el análisis se derivan del párrafo citado. Primero, el oficial entrevistado por Harnecker deja ver que experimentó un sentimiento de repudio frente a las órdenes emitidas por el Estado Mayor. Afirma haber sentido empatía por el sufrimiento del «pueblo hambriento» que saqueaba. Es difícil saber si trata de una acción de desobediencia a las órdenes emanadas de la jerarquía, a saber, Ejecutivo y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como es usual en el marco del estado de excepción. De hecho, la reconstrucción exacta de los hechos poco importa. El testimonio no busca mostrar si hubo insubordinación y evita cualquier alusión a la represión que vendría después. Para Harnecker, de lo que se trata es de ofrecer un testimonio políticamente correcto que ponga de manifiesto el arrepentimiento del oficial entrevistado, para así dar fe de su sentimiento de compasión hacia el pueblo en ese momento histórico preciso. No se trata de establecer responsabilidades penales de los militares involucrados en los sucesos de febrero de 1989 en cuanto a la aplicación indiscriminada de la ley marcial para controlar la revuelta popular<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-32" id="ref-32">32</a></sup>.Vemos pues que el registro del testimonio es teológico y no secular, porque se inscribe en la salvación moral de los militares buenos, injustamente presentados como «malos» por el orden político anterior.

Segundo, en esta construcción político-dramática, lo moral se inscribe en lo político pero no tiene una implicación jurídica, es decir, no trasciende a la apertura de procesos judiciales en donde se castigue a los efectivos culpables del uso desproporcionado de la fuerza pública. Para decirlo inversamente, en la estrategia retórica de Harnecker no puede haber lugar para una «participación justificada» en la represión de los disturbios de febrero de 1989. En resumen, el Caracazo permite construir una serie de posturas morales transversales que justifican la posterior adhesión incondicional al proyecto bolivariano. Por una parte, es preciso manifestar arrepentimiento para escapar al estigma de la complicidad en la represión orquestada por el régimen anterior y moral –mas no jurídicamente– condenada por el gobierno actual. De esta manera, se crean las condiciones para la reconocer la participación en una insurrección –la de febrero de 1992–, construida moralmente como «justa» en la historia del régimen bolivariano. Por otra parte, se introduce una dimensión moral del saqueo.

El «buen saqueador» es inocente; se convierte en la figura emblemática del pueblo hambriento que sufre y que actúa bajo la presión de una necesidad biológica, actúa bajo la fuerza de la inocencia, siempre legítima, que le confiere la satisfacción de sus necesidades vitales. En la lógica bolivariana, el «pueblo saqueador» es un sujeto irracional, aunque su demanda sea legítima. Es el militar quien, sensible ante la necesidad y el sufrimiento del pueblo, impone el orden, organizando la cola de los saqueadores, como en la escena que nos cuenta Harnecker. El militar decide aquello que es legítimo e ilegítimo de ser saqueado. Las cajas registradoras no responden a las verdaderas necesidades del pueblo. Las verdaderas necesidades son aquellas que están vinculadas con la supervivencia: comida, pañales, medicamentos, etcétera. Pero el alcohol y los electrodomésticos se alejan de la representación oficial del «buen saqueador» y de la escala moral del oficial que observa la escena.

Para Harnecker, y para el propio presidente Chávez, de lo que se trata es de hacer aparecer sistemáticamente la «mala consciencia» entre ciertos militares por la masacre del Caracazo en 1989. De esa manera, se les redime en la retórica y quedan limpios del oprobio de haber ejercido una represión desmesurada bajo las órdenes de un mando militar al servicio de las «cúpulas podridas».

Tanto en el caso del Caracazo en 1989 como en el de la Tragedia en 1999, el saqueo fue condenado por los militares en la medida en que se desvía hacia un pillaje que consideran como «intolerable»<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-33" id="ref-33">33</a></sup>. Dicha referencia a lo tolerable y lo intolerable se vuelve ineludible en el análisis porque está directamente relacionada con la moralización del saqueo. Por ejemplo, el saqueo «ordenado» de un supermercado no significa lo mismo que destrozarlo o quemarlo.

Asu vez, en lo que concierne a la composición del botín, es moralmente aceptable saquear productos alimenticios y de primera necesidad mientras que saquear electrodomésticos es intolerable.

El relato oficial del 27 de febrero alimentará, como lo veremos con detenimiento en el capítulo 4 de este libro, «Políticas de la dignidad», la teodicea de los comandantes bolivarianos que se «sacrificaron por la nación» y fueron «injustamente juzgados