El 15 de diciembre de 1999 el presidente venezolano Hugo Chávez se preparaba para celebrar el triunfo de la aprobación de la nueva Constitución, que él mismo bautizó con el nombre de «bolivariana», por la vía de un referéndum constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) estaba conformada en su mayoría (121 de 131) por miembros de la coalición llamada «polo patriótico», que reunía a los partidos simpatizantes del Presidente elegido en diciembre de 1997. La ANC había sesionado durante nueve meses para redactar la carta magna que reflejaba el proyecto político y social «bolivariano», indisociable de la personalidad del comandante Hugo Chávez. Dicho proyecto de nación proclamaba la distribución justa de la renta petrolera, la ampliación de los derechos humanos, sociales y políticos, la participación activa de las Fuerzas Armadas en las instituciones, la creación de un nuevo poder público llamado «poder moral», la modificación de la denominación de las instituciones del Estado y de la República, ahora «Bolivariana de Venezuela».
Sin embargo, el festejo de la refundación nacional fue postergado. En su lugar, la radio y la televisión difundían imágenes de dolor y desesperación de los afectados por la catástrofe natural que afectaba al litoral central y otras zonas del norte del país: inundaciones y deslaves –deslizamientos masivos de los terrenos montañosos– causados por las fuertes lluvias que caían desde el 11 de diciembre.
En la noche del 15 al 16 de diciembre veintidós ríos y treinta riachuelos de El Ávila (2.500 m), normalmente estrechos y de poco caudal, crecieron simultáneamente y algunos alcanzaron 900 m de ancho y 10 de profundidad. Derrumbes y torrentes de barro, rocas gigantescas y vegetación boscosa arrasaban con zonas urbanas enteras, ocasionando cientos de muertos y miles de desaparecidos en zonas residenciales de todos los estratos sociales en los estados Vargas, Miranda y buena parte de la zona metropolitana de Caracas. Los torrentes de lodo se deslizaron cuesta abajo a una velocidad de hasta 100 km por hora. La Tragedia, como se le llamó a la catástrofe, ocasionó alrededor de 1.000 muertos y 200 mil desplazados.
Fueron momentos de emoción desbordada, de drama, de solidaridad y de compasión; de desaparición aparente de las fisuras sociales y políticas que marcaban el acontecer nacional en los inicios de la Revolución bolivariana. La coincidencia perfecta entre la conmoción producida por los deslaves y las elecciones para aprobar el nuevo texto constitucional fue el marco extraordinario en el que se desarrolló la gestión de las consecuencias sociales del desastre y constituye la puerta de entrada al análisis de las políticas de la catástrofe, tema central de este libro.
Los poderes públicos encargados del salvamento colapsaron rápidamente frente a la magnitud de la devastación. Entre el 16 y el 18 de diciembre, helicópteros de empresarios y algunos grupos de rescate privados transportaban a los sobrevivientes.
Pero la evacuación de las víctimas resultaba demasiado lenta por el tamaño reducido de los aparatos y la insuficiencia de personal. Las fuerzas humanitarias militares internacionales enviadas por las células de crisis del exterior –Estados Unidos y Francia, entre otros– llegaron a la zona de desastre junto con los medios de comunicación internacionales e instalaron los primeros puestos de socorro en las adyacencias del aeropuerto de Maiquetía.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) difundía los resultados de la elección que validaría la nueva Constitución bolivariana: el Sí ganó con un 71% de los votos contra un 30% de No, y la abstención tuvo un índice récord de 54%.
Sin embargo, la ANC debió postergar la celebración porque preparaba la declaración de un «estado de alarma». Así, el viernes 17 de diciembre de 1999 se emite un decreto de emergencia que otorgaba poderes especiales al Ejecutivo, pero sin suspender las garantías constitucionales.
La célula de crisis del Ministerio del Interior, apoyada por Protección Civil y grupos de rescate voluntarios, coordinó el salvamento hasta que se emitió dicho decreto. Las instituciones civiles no contaban con medios suficientes para dar respuesta a una catástrofe de tal amplitud y la confusión fue incontrolable. El presidente Hugo Chávez transfirió el comando de operaciones a las Fuerzas Armadas. El Comando Unificado de las Fuerzas Armadas (Cufan) asumió el mando único para intervenir en la zona afectada, y pasó a tener bajo sus órdenes las acciones de los Ministerios de Infraestructura, de Salud, del Ambiente, de Protección Civil, del Fondo Único Social (FUS), del Ejército y de la Marina de Guerra. Las fragatas de la Marina estibaron cerca de las playas y los botes salvavidas comenzaron a embarcar a los damnificados que esperaban auxilio en la costa, aislados por la destrucción de las carreteras y avenidas que atraviesan la estrecha franja costera del estado Vargas, de este a oeste.
Después del deslave vinieron los saqueos. Batallones del Ejército y comandos especiales de la Disip (policía política y servicios de inteligencia) tomaron la zona devastada para reprimir los pillajes que asolaban comercios, casas y edificios desde la noche del 16 de diciembre. En las precarias transmisiones radiales, los damnificados pedían la intervención del Ejército y de la policía para frenar a los saqueadores. A partir de ese momento, soldados y efectivos de la Disip reprimieron los saqueos eliminando o desapareciendo en numerosos casos a los detenidos. Aun cuando el estado de excepción no fue declarado formalmente –es decir, no se suspendieron las garantías constitucionales–, no hubo límites para la acción arbitraria de las fuerzas del orden venezolanas desplegadas en la zona devastada. La excepción fue de hecho, no de derecho.
Aviones, helicópteros y camiones militares trasladaban a los damnificados hacinados en el aeropuerto de Maiquetía a diferentes campamentos improvisados: salas de espectáculos (El Poliedro de Caracas), instalaciones deportivas (Estadio Universitario y Parque Naciones Unidas) y a fuertes militares ubicados en diferentes ciudades del país.
Los cuarteles y las bases aéreas de Maracay, Barquisimeto, Charallave, Lecherías y Maracaibo, entre otros, comenzaron a recibir familias desde el 19 de diciembre. Fue en ese momento cuando se produjo la separación social de los damnificados.
Las familias con más recursos encontraron alojamiento provisional en casa de familiares y amigos de Caracas o del interior. Las familias más pobres ocuparon durante más de un año los cuarteles de los fuertes militares que el alto mando militar dispuso para ellos.
El presidente Chávez prometió el realojamiento de todos los damnificados antes de que se cumpliera el primer aniversario de la Tragedia, en diciembre de 2000. La tarea se reveló más que difícil para el recién instalado gobierno bolivariano, inexperto en materia de gestión de programas sociales. Las nuevas viviendas destinadas a realojar a la población damnificada, además de resultar insuficientes, se encontraban principalmente en el interior del país, lejos de Caracas y de las grandes ciudades centro-costeras, por lo cual muchos de los beneficiarios se resistían a abandonar su lugar de origen. Los consejeros presidenciales, seguidores de la teoría desarrollista del «desequilibrio» de la ocupación territorial del país y de la tesis de que éste sería uno de los orígenes del «subdesarrollo», preconizaron la necesidad de imponer un «reequilibrio territorial» de la nación como solución a largo plazo al problema de la «marginalidad».
Así, el realojamiento de las víctimas de la Tragedia se inscribió en un proyecto oficial de desalojo y de reorganización espacial de los habitantes de los barrios populares situados en las faldas de las montañas que rodean Caracas.
Sin embargo, una gran parte de las familias trasladadas al interior no logró quedarse en los «nuevos urbanismos», nombre que la jerga gubernamental les dio a los conjuntos de casas construidos en las afueras de las ciudades del interior, y regresó, ya fuera a sus barrios de origen o a los «refugios» del área metropolitana de Caracas. La existencia de estas instalaciones de alojamiento precario se prolongó indefinidamente. El retorno masivo a la ciudad, desorganizado y no previsto por los responsables de la política de atención a las víctimas ocurrió entre 2001 y 2003, y engendró la permanencia en el tiempo de los refugios, convertidos en espacios de hacinamiento y confinamiento. Vivir en un refugio de Caracas se ha convertido en una situación tan emblemática como banal en el panorama de la pobreza urbana del país, al punto de que estos lugares ya son considerados como un «lugar de residencia» en las encuestas del censo nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE).